“La transformación en la automoción no puede hacerse a costa de los y las trabajadoras”

La automoción es uno de los sectores industriales más importantes en Euskal Herria. Los datos así lo demuestran. En las dos empresas principales del sector –Mercedes-Benz (Gasteiz) y Volkswagen Navarra (Landaben, Iruñea)– trabajan alrededor de 5.000 personas de forma directa en cada una de ellas. Además, millares de personas trabajan de forma indirecta para cada una de estas factorías. Sin olvidar, por supuesto, que por todo Euskal Herria hay empresas que también son proveedoras de la industria automovilística.

Hablamos de un sector que factura miles de millones de euros y que genera beneficios multimillonarios. Centrándonos en las dos principales marcas con sede en Euskal Herria, el Grupo Volkswagen logró en 2023 un beneficio neto de 16.013 millones de euros, un 7,6% más que el ejercicio anterior. Por su parte, Mercedes-Benz España cerró 2023 con unas ganancias de 105,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9%.

En esta entrevista Irati Bañuelos y Ioritz Mendiguren, miembros de la dirección de la federación Industria Eta Eraikuntza, analizan la situación de este sector y reflexiona sobre las claves para entender el futuro de la automoción.

¿Cuál es la situación del sector de la automoción en Euskal Herria?

El sector ha acumulado beneficios muy importantes estos últimos años, y es evidente que nos enfrentamos a una transformación hacia la movilidad del futuro. Esta transformación no puede ser ni a costa del empleo ni de las condiciones laborales, desde ELA lo tenemos muy claro.

Hablamos de un sector que recibe todos los años muchísimo dinero público.

Así es. Por ejemplo, tanto la Unión Europea como los diferentes Estados están subvencionando con miles de millones de euros a las empresas del sector para que puedan cumplir la Normativa Europea. Desde la propia Unión Europea se anima a hacer una transición ecológica con dinero público. En Hego Euskal Herria tanto Imanol Pradales como María Chivite reivindican públicamente este sector como punta de lanza de la industria, y el apoyo público al sector es muy generoso.

Creemos que es imprescindible ser exigentes con aquellas multinacionales y empresas que reciben ayudas públicas. Porque estas empresas tienen una evidente responsabilidad social. Y para ello necesitamos una política industrial responsable. Si se otorga dinero público a una empresa ésta tiene que tener un plan. Antes de dar ningún euro habría que preguntarles: ¿qué plan tienes para los próximos 5, 10 ó 15 años? ¿Qué compromisos adquieres con los y las trabajadores y con la sociedad?

¿Están utilizando la transición hacia el coche eléctrico como excusa para bajar las condiciones laborales?

Las transiciones se pueden hacer de muchas maneras. Hablamos de un sector con grandes beneficios y con grandes cargas de trabajo. No podemos permitir que esto sea una excusa para despedir o para rebajar las condiciones laborales. En cambio, podríamos usar esta transición para hablar de reducción de jornada, donde hay mucho margen, o del reparto de la riqueza.

Es aquí donde volvemos al tema de la responsabilidad de estas grandes empresas y de la política industrial. Volkswagen Navarra recibe ayudas millonarias del Gobierno de Navarra, del Gobierno de España y de la Unión Europea, como recientemente analizábamos en nuestro informe sobre los fondos Next Generation. No podemos permitir que empresas que reciben subvenciones millonarias se dediquen a destruir empleo -directo o indirecto- mientras su cuenta de beneficios engorda año tras año.

Lo que no podemos permitir que esta transición se haga de forma traumática, como en el caso del Grupo Antolín.

El 9 de octubre la dirección del Grupo Antolín Navarra y la mayoría del comité (UGT y USO) rubricaron el ERE que afecta a las 108 personas. ¿Qué lectura hacéis?

La empresa comunicó en septiembre el inicio del periodo de consultas para acometer un ERE, con la intención de proceder al cierre de la planta y al despido de la totalidad de la plantilla. Hablamos de un total de 108 personas, de las cuales más del 60% son mujeres. El Comité de Empresa está compuesto por 4 delegados y delegadas de ELA, 3 de UGT y 2 de USO. La empresa alegaba la pérdida del cliente principal, Volkswagen Navarra, encuadrándolo en un contexto de crisis e incertidumbre del sector de la automoción. Sin embargo, la actividad principal de esta empresa es la fabricación de elevalunas, paneles y techos, componentes que en ningún caso dejarán de fabricarse por la electritificación en el sector.

Durante el periodo de consultas, que finalizó sin ni siquiera haberse agotado los plazos, no se han acreditado las causas para proceder al cierre de la planta. Tampoco se ha aclarado, ni por parte del grupo, ni por parte del Gobierno de Navarra, qué empresa va a realizar el trabajo que deja Grupo Antolín, y si el mismo va a realizarse en territorio foral. Entendemos que el Departamento de Industria no puede inhibirse de un procedimiento cuyo resultado es la destrucción de 108 puestos de trabajo, teniendo en cuenta, además, las ayudas públicas que otorga a Volkswagen.

¿Qué papel puede hacer ELA?

Lo primero, lo de siempre. Nuestro objetivo tiene que ser organizar a la gente. Esto es algo obvio. ELA es la mejor garantía que tienen las y los trabajadores, y el sector de la automoción es un claro ejemplo. En este sector hay miles de trabajadores y trabajadoras que trabajan en subcontratas para otras empresas. Desaparece una subcontrata, aparece otra y los currelas a la calle.

Esto interpela directamente a aquellos sindicatos que firman convenios provinciales que no recogen la subrogación para las subcontratas. Este derecho solo se recoge en Gipuzkoa, que es el único convenio provincial del Metal que cuenta con la firma de ELA.

Volvamos al caso del Grupo Antolín Navarra, que es un buen ejemplo de esto. Esta destrucción de empleo podría evitarse si el convenio colectivo del Metal contemplara la subrogación de la plantilla. Es algo que reivindicamos en las negociaciones del convenio y uno de los muchos motivos para no suscribir el acuerdo que lograron CCOO y UGT con la patronal.