CCOO y UGT firman un acuerdo sin efectos reales sobre la jubilación parcial de los funcionarios

En la Mesa General de las Administraciones Públicas celebrada en madrid, el Gobierno ha dado a conocer el acuerdo calificado de “histórico” y firmado el pasado 18 de diciembre con CCOO y UGT sobre la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario. ELA denuncia que no tiene efectos reales, ya que exige el desarrollo y modificación de la Ley de Seguridad Social, del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Clases Pasivas, y porque no contempla cuándo y cómo se va a llevar a cabo. Además, a dia de hoy los sindicatos y representantes de las CCAA no firmantes no han tenido acceso al documento suscrito. Y han conocido la noticia a través de los medios de comunicación.

En cuanto al contenido, ELA apunta a que ya en 2022, CCOO y UGT firmaron con el Gobierno español el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, donde se recogía esta previsión. Dos años más tarde, el personal funcionario y estatutario sigue sin tener derecho a la jubilación parcial. Sus consecuencias han sido, entre otras, el empobrecimiento- sólo en los últimos 3 años han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 6,3 %- o el mantenimiento de un gran nivel de temporalidad en el Sector Público- cuyas tasas de reposición siguen vigentes. Sobre la jubilación, ELA recuerda que los mismos sindicatos y Gobierno han apoyado previamente una reforma de pensiones que empeora la edad y las condiciones de acceso a jubilación de todos los trabajadores y trabajadoras.

Si todo lo anterior fuera poco, en la reunión de hoy el Gobierno ha planteado prolongar la edad máxima de jubilación de los actuales 70 años a 72.

ELA critica que los acuerdos que se firman en Madrid suponen pactos sin contenido real, empobrecimiento de los y las trabajadoras, tasas de temporalidad inaceptables y debilitamiento de los Servicios públicos. Por eso, exige al Gobierno de Sánchez, a CCOO y a UGT que respeten la capacidad de decidir las condiciones laborales del sector público en Euskal Herria. Asimismo, insta a los partidos políticos vascos a no ceder de nuevo al Gobierno español las competencias sobre el sector público vasco y a introducir en la Ley de Presupuestos la capacidad de negociar en la CAPV y en Navarra el salario y el empleo público. ELA seguirá impulsando huelgas y movilizaciones hasta conseguirlo.