Concentración ante la Torre Iberdrola, de Bilbao, para denunciar que se regale dinero público a multinacionales que especulan con la energía

01/04/2022
Militantes de ELA se han concentrado ante la Torre Iberdrola, en Bilbao, para denunciar las últimas medidas anunciadas por el gobierno de Sánchez para paliar la subida del precio de la energía por considerarlas ineficaces. ELA entiende que si no se pone un tope máximo a los precios de la energía la ciudadanía será quien pague la factura de la crisis, al tiempo que denuncia que se destine dinero público a proteger la especulación energética de las multinacionales.

“Esto es un robo”. Así lo ha definido hoy el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, en una concentración ante la Torre Iberdrola (Bilbao) celebrada bajo el lema "¡La energía es un derecho! ¡No más estafas! '. El precio de la energía y la inflación están perjudicando el poder adquisitivo de la ciudadanía, pero los Gobiernos no toman medidas para solucionar ese problema, sino en beneficio de las empresas: “Mientras se nos ha duplicado la factura de la luz, el depósito del coche o la cesta de la compra es cada vez más cara, el Gobierno de Sánchez, el Gobierno Vasco y las Diputaciones no han tomado ni una sola medida para limitar la especulación y los beneficios desorbitados de las empresas energéticas”, añadió. Dichas compañías han obtenido los mayores beneficios de su historia. En el caso de Iberdrola, 3.880 millones de euros.

Entre las medidas del Gobierno español se encuentran el abaratamiento de 20 céntimos del precio de los carburantes, la reducción de algunos impuestos en el sector o la concesión de subvenciones directas a sectores de alto consumo como la electricidad y el gas. “Son medidas insuficientes”, en palabras de Lakuntza, “y sin ninguna garantía. El Gobierno de Sánchez subvencionará con 20 céntimos por litro el combustible, pero sin limitar su precio. Por lo tanto, se permite la especulación con dinero público”. De hecho, en los últimos días las empresas comercializadoras han subido los precios para que pese a la reducción de esos 20 céntimos anunciados por el Gobierno no reduzcan su márgen de beneficio (recordemos que de esos 20 céntimos 15 los subvenciona el Gobierno y 5 son de las empresas comercializadoras).

 

Asimismo, en el caso de las eléctricas, Lakuntza ha recordado que “el gobierno de Sánchez ha asegurado que, independientemente de lo que se haga, estas empresas recibirán compensaciones. Dicho de otro modo: que tendrán garantizados los beneficios”.

 

En cuanto a las instituciones vascas, la principal medida ha sido bajar los impuestos para que las empresas puedan mantener sus beneficios. “Es inaceptable -denunció Lakuntza- que las recetas del PP son las que han asumido los dirigentes vascos. Políticas de derechas, nada más”.

ELA ha insistido en la necesidad de modificar el sistema para fijar el precio de la electricidad y para frenar la especulación de los carburantes. “Mientras no se modifique el sistema energético; mientras no se limite el precio de la electricidad y de los carburantes; y mientras no exista un control público, continuará el robo de las empresas y el agujero en el bolsillo de los ciudadanos será cada vez mayor”.

Ante esta situación, las propuestas de ELA son las siguientes:

  • Subidas salariales acordes al IPC para garantizar el poder adquisitivo.

  • Control y límite de precios de los productos energéticos.

  • Publificación del sector energético con control público y social.

  • Reconocimiento del derecho a la energía como derecho fundamental universal.

  • Cambiar el sistema de fijación del precio de la electricidad para que no se pague toda la energía por el precio de la fuente más cara.

  • Eliminar los peajes clandestinos que reciben las compañías eléctricas.

  • Aplicación definitiva de la rebaja del IVA.

  • Que la energía quede fuera de toda lógica de mercado, sea accesible y desarrolle un sistema basado en renovables.

  • Subir los impuestos por los beneficios que obtienen las empresas energéticas.

  • Relocalización de la economía para una transición justa, cambio de modelo productivo y aumento de la inversión pública en sectores estratégicos.