De la convivencia a la erradicación #Landeia239
Los datos sobre la incidencia de la Covid-19 nos muestran las gravísimas consecuencias que está teniendo la pandemia. Y eso que los datos oficiales no muestran toda la realidad. La estrategia basada en el mantra de combinar la protección de la salud con el mantenimiento de la economía no ha conseguido ni lo uno, ni lo otro. Los niveles de contagio son muy elevados y, además, se ha producido un importante aumento del desempleo, que no ha sido mayor porque los ERTE están paliando en parte la situación.
La segunda ola que estamos viviendo va a repercutir en una ralentización o paralización de la actividad en múltiples sectores, que se va a agravar y alargar en el tiempo. Esto va a suponer un aumento de la desigualdad y de las situaciones de pobreza y exclusión social. Pese a la gravedad de la situación la respuesta de las instituciones no está siendo la que exige esta situación. Ni de lejos.
Pello Igeregi, responsable de salud laboral y negociación colectiva, recalca que desde el principio de la pandemia ELA marcó una posición exigente que ponía la vida en el centro. “Desde el comienzo de esta crisis hemos denunciado que los poderes públicos estaban tomando sus decisiones mirando más a los intereses cortoplacistas del empresariado empecinado en mantener determinados centros de trabajo abiertos que a la salud de las personas. Nuestra propuesta también respondía a una lógica económica; solo asegurando la salud de la población y con la pandemia controlada seremos capaces de tener una actividad económica más normalizada y continuada”.
Es evidente que hay que exigir a la población un comportamiento acorde a la gravedad de las situación. Sin embargo, Igeregi considera que la estrategia de aludir a la responsabilidad individual pretende también eludir la responsabilidad tanto de las instituciones como de la patronal. “Tras iniciar la desescalada la actuación de las instituciones se ha centrado en gran medida en realizar recomendaciones y apelar a la responsabilidad individual. Da la impresión de que tras esas recomendaciones se ocultaba la voluntad de eludir responsabilidades políticas ante la falta de actuaciones y medidas concretas. También le ha servido a la patronal para eludir la responsabilidad de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones de preservar la salud de sus trabajadores y trabajadoras”.
Medidas insuficientes y tardías
El responsable de salud laboral de ELA considera un error el mensaje político de que había que convivir con el virus. “Ha quedado en evidencia que para controlar la economía primero hay que controlar al virus. Con la desescalada se siguió la estrategia de convivir con el virus en lugar de su erradicación. Esa estrategia no ha dado resultado. En cambio, la experiencia de Asia y Oceanía ha demostrado ser mucho más correcta, donde han apostado por erradicar el virus. Quienes han practicado la estrategia de convivencia con el virus lo hacían bajo la hipótesis de que el sistema sanitario no iba a ser desbordado. Se ha visto que esto no ha sido así”.
Igeregi considera prioritario que las decisiones se tomen en función de los consensos existentes en la comunidad científica. “Los acontecimientos muestran que la estrategia más adecuada para preservar la salud –y lo que se ha venido a denominar la economía– es la de erradicar el virus, no la de convivir con el virus. Deberíamos haber aprendido que hay que actuar de manera fuerte y temprana: dotarnos de una gran capacidad de detección y seguimiento, y adoptar estrictas restricciones con un número bajo de casos”.
ELA comparte la necesidad de adoptar fuertes medidas restrictivas, que deben ir acompañadas de decisiones que permitan salvaguardar la salud de las y los trabajadores, así como paliar las consecuencias económicas de la situación que ya estamos viviendo. “Para ello es necesario tomar medidas preventivas para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras y de la población en general, reforzar la respuesta del sistema sanitario y socio-sanitario y adoptar medidas económicas y sociales para paliar la situación”.
“Todas estas medidas suponen un aumento presupuestario. Para que sea factible es necesario un incremento de los ingresos públicos. Es urgente abordar una reforma fiscal a través de un importante aumento de los impuestos sobre los beneficios de las empresas, el patrimonio, el capital y las rentas altas”.