El acuerdo entre el Gobierno español, EH Bildu y ERC no soluciona el problema de la vivienda

El sindicato considera imprescindible incorporar en la ley medidas urgentes para que el derecho a acceder a una vivienda en alquiler social esté garantizado por las instituciones y para aplicar una reducción real de los precios de alquiler, no solo en las “zonas tensionadas”, sino en todos los municipios y ciudades, así como movilizar el parque de viviendas vacías y potenciar el alquiler social para favorecer así el acceso a una vivienda digna a la clase trabajadora. Cabe recordar que la competencia en materia de vivienda está en manos de las CCAA, por lo que depende de la voluntad de estas aplicar dicha ley o no.

Además, la limitación de los precios de alquiler se aplicaría solamente en las denominadas zonas tensionadas, es decir, zonas en las que los precios del alquiler han sufrido importantes incrementos en los últimos años. Como novedad, el acuerdo recoge que dentro de estas zonas se podrán limitar los precios tanto a los grandes tenedores, como a los pequeños. ELA sostiene que los límites a los alquileres no sólo se deben establecer en las zonas tensionadas, sino en todos los alquileres. Recuerda, a su vez, que dependerá de las comunidades autónomas establecer las denominadas “zonas tensionadas”,

Además, serán las CCAA las que establezcan cuántas propiedades deben estar en manos de los propietarios para considerarlos grandes tenedores. El anteproyecto establecía que debían ser diez viviendas, pero el nuevo acuerdo permite reducirlas a cinco. La ley habilita al Gobierno Vasco y al Gobierno de Navarra a tomar medidas en esta dirección. En el caso de la CAPV, parece poco probable que el Gobierno Vasco vaya a aplicar esta ley y, en el caso de Navarra, el año pasado se aprobó una ley muy parecida a la que se pretende aprobar, y que ELA ya calificó de insuficiente.

ELA teme que la nueva ley también pueda tener ciertas consecuencias perversas en el ámbito del alquiler. Por ejemplo, si se realizan mejoras en la vivienda (por pequeñas que sean), se podrá aumentar el precio hasta un 10%. Asimismo, el proyecto permite continuar con los alquileres de temporada: es posible alquilar la vivienda para unos pocos meses, “aumentando los precios sin límite y echando al inquilino después”. Por último, la ley no permite superar el precio del anterior contrato. “Sin embargo, la redacción de la ley incentiva que se expulse a los inquilinos, ya que los nuevos inquilinos tendrían muy difícil saber cuál era el precio del anterior contrato”, lamenta.

El sindicato explica que, tal y como establecía el anteproyecto, aquellos propietarios que decidan disminuir el precio del alquiler tendrán bonificaciones en la tributación del IRPF, “algo favorecerá los rentistas que se lucran con el negocio del arrendamiento de viviendas”.

ELA valora positivamente algunos de los aspectos del acuerdo, como por ejemplo, que sean los propietarios los que se hagan cargo de los honorarios que cobran las inmobiliarias por su servicio, y no los inquilinos, tal y como ocurre ahora. En lo que respecta a los desahucios, se prohíben aquellos que no tienen fecha ni hora y se incluyen prórrogas en los procedimientos de lanzamiento. Sin embargo, considera que debería haber sido más ambicioso en este aspecto, prohibiendo los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa habitacional u obligando a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables antes de proceder a un lanzamiento.

“En resumen, se trata de una ley que no va a cambiar el modelo de las políticas de vivienda, siempre dependientes de los lobbyes de la construcción y financiero, y dentro de la lógica de mercado. El acceso a la vivienda es un derecho, pero esta ley no lo hará, ni mucho menos, efectivo”, concluye.