El acuerdo PNV-PSE apuesta por recortes y más precariedad para afrontar la crisis del covid19

Para ELA las principales conclusiones que se pueden extraer del documento son:
 
1. Carece de medidas concretas en la mayoría de los temas que aborda. Las 91 páginas del documento están repletas de generalidades, anuncian planes y programas pero no se dice nada sobre los contenidos de los mismos.

2. Respecto a las pocas cosas que se concretan, todo apunta a una continuidad en las políticas de recortes y extensión de la precariedad en el sector público. Veamos dos ejemplos:
    • Se anuncia una reforma de la RGI en los términos de la Proposición de Ley presentada por ambos partidos en la legislatura anterior, y que no consiguieron sacar adelante. Hay que recordar que dicha proposición supone consolidar los recortes que hoy ya se están aplicando en la cuantía de la RGI, al no estar cumpliéndose la Ley aprobada en 2008 que fija dicha cuantía en función del Salario Mínimo Interprofesional.
    • Se recoge el compromiso de convocar en Osakidetza 4.000 plazas en OPEs en el periodo 2020-2024. Esta cantidad es insuficiente incluso para cubrir las jubilaciones que se van a producir en este sector, por lo que es un anuncio de que la intención es de que la precariedad de Osakidetza (que ya está en el 40%) siga aumentando.

3. Unas políticas de empleo continuistas, dando cobertura al fraude en la contratación y derecho de veto a la patronal a través de la Mesa de Diálogo Social. Se anuncian planes contra la temporalidad y la parcialidad, pero dando derecho a veto a la patronal en la Mesa de Diálogo Social, lo que supone dar por bueno el enorme fraude en la contratación existente. Hay que recordar, además, que dicha Mesa tiene unas reglas que atentan contra el respeto a las mayorías sindicales.

4. Renuncia a reformar la política fiscal. Hasta la OCDE acaba de recomendar un aumento de los impuestos sobre la riqueza y el capital. En un contexto en el que la caída de recaudación es una realidad, el acuerdo no hace ni una sola referencia a la política fiscal en sus compromisos programáticos. La principal competencia vasca, la fiscalidad, se queda en una simple mención genérica en la introducción del acuerdo, mención que da a entender con claridad que el Gobierno Vasco renuncia a impulsar una reforma fiscal mínimamente acorde a la situación en que vivimos. Para ELA esto es muy grave, ya que sin una reforma fiscal de calado nos vamos a ver abocados a recortes, más pronto que tarde, como ocurrió tras la crisis financiera de 2008.

5. Renuncia a una política presupuestaria propia. El acuerdo tampoco hace ninguna referencia a la necesidad de acabar con la situación que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, según la cual es Madrid quien fija el techo de gasto y los límites de déficit y deuda pública de las instituciones vascas. De esta manera es Madrid quien determina el presupuesto del Gobierno Vasco. La ausencia de este tema central para la actuación de un Gobierno es una muestra más de la complicidad con las políticas de ajuste que conlleva este marco legal.
6. Ausencia de compromisos presupuestarios en Salud o Educación. Los capítulos sobre Salud pública y Educación llaman la atención por la falta absoluta de conexión con la crisis de la Covid 19. Un cúmulo de generalidades, sin compromisos de medidas y sin compromiso alguno de abordar el necesario incremento del presupuesto y de los medios materiales y humanos que se tiene que dedicar a estas materias. La falta de medidas en estos ámbitos es más llamativa en el contexto actual, y es una muestra más del agotamiento de un modelo de gestión que trata de cubrir con propaganda la falta de actuaciones.
7. No se plantea mejorar el Sistema de Servicios Sociales. ELA lleva mucho tiempo reclamando la necesidad de garantizar por ley la cobertura de las necesidades de dependencia y cuidado por un Sistema público, universal y gratuito. La situación actual es claramente insuficiente, y ha quedado en evidencia, en especial en las residencias, con la crisis del coronavirus. El acuerdo de gobierno habla solamente de mantener lo que hay (“garantizar las prestaciones y servicios” ya existentes) y la única referencia que se hace al decreto que regula los centros asistenciales es para “regular la concertación”, dejando de lado la necesaria publificación de los servicios de cuidado subcontratados.
8. La lucha contra el cambio climático se queda en un mero enunciado. El acuerdo de gobierno no hace ninguna mención a la necesaria transformación del modelo productivo vasco, para que sea acorde con las necesidades sociales y ecológicas. En realidad, se sigue por la misma línea (por ejemplo en seguir impulsando el TAV o al Variante Sur Ferroviaria, la falta de medidas concretas de desarrollo del transporte público y la interconexión de las comarcas,…).
9. Sacar Emakunde de Lehendakaritza. En el acuerdo de gobierno no se hace mención a este tema, pero la nueva estructura de gobierno ha trasladado Emakunde de Lehendakaritza al departamento de Políticas Sociales. ELA valora muy negativamente esta decisión, ya que va en contra de la necesidad de que las políticas feministas sean transversales y estén en el eje de la acción de los gobiernos. Evidentemente, esto no quiere decir, ni mucho menos, que avalemos lo que hasta ahora el Gobierno y Emakunde han venido haciendo en esta materia.
10. La política industrial, al servicio de los intereses de determinados grupos corporativos. Se renuncia a una potenciación de la intervención pública en la industria y en los sectores estratégicos. Son permanentes las referencias a la “colaboración público-privada”, y se continúa apostando por un modelo de internacionalización de las empresas vascas, favoreciendo su deslocalización y renunciando, en la práctica, a la relocalización, cuya necesidad también ha quedado en evidencia con la crisis de la covid-19.