El cierre de Heldu hace al colectivo inmigrante más vulnerable
Heldu era el Servicio de asesoría jurídica para personas inmigrantes en situación irregular. Su especificidad se debía a la complejidad de las situaciones atendidas. Este servicio fue puesto en marcha en 2002. Suponía dar este servicio tan necesario a través del sector público; ELA consideró y considera que esta es la vía adecuada. Sin embargo, el Gobierno Vasco cerró Heldu el pasado 15 de julio, de manera unilateral, sin ningún proceso previo de información o debate democrático, político y social.
El cierre de Heldu supone:
- Dejar de prestar el único servicio público de atención jurídica que se ofrecía a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Un servicio que funcionaba bien, y era un punto de referencia para la gente inmigrante, las organizaciones sociales, los servicios sociales de base, el personal técnico de inmigración de municipios y mancomunidades, sindicatos y otras organizaciones sociales.
- Suprimir un servicio de reconocido prestigio por el conjunto de la sociedad, organizado y estructurado, que en el momento de su cierre tenía un volumen aproximado de 34.000 expedientes en curso; que contaba con un equipo de profesionales con experiencia, especializados en temas de extranjería: Gente sensibilizada y comprometida, que daban garantía de trato personalizado y asesoramiento adecuado a las complejas necesidades de la población inmigrante.
I- LAS FALSAS EXCUSAS DEL GOBIERNO VASCO
Los argumentos principales esgrimidos por la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales (Gemma Zabaleta), el Viceconsejero de Asuntos Sociales (Fernando Fantova), y el Director de Inmigración (Miguel Angel González) para justificar el cierre de Heldu han sido dos:
- Que el nuevo servicio que lo sustituirá no iba a suponer un deterioro en el servicio prestado por Heldu.
- Que Heldu era gestionado por una empresa privada, y que se pretende dar el servicio desde la administración.
El argumento de que no supone un deterioro choca frontalmente con la realidad. A la hora de ofrecer alternativas al servicio prestado por Heldu, el gobierno, por boca de la Consejera Gemma Zabaleta, ha ido diciendo cada vez una cosa distinta. Unas veces, que estas necesidades jurídicas serán atendidas por Lanbide y los servicios sociales; otras, que se atenderán desde un teléfono gratuito y un correo electrónico. También ha dicho que lo hará a través de una cita previa, y lo último, que se atenderá desde Biltzen, el otro servicio de la Dirección de Inmigración, cuyo objeto es el de integración y convivencia sociocultural.
Lo cierto es que tres meses después del cierre de Heldu, las personas inmigrantes siguen desatendidas, y el Gobierno sigue diciendo que el nuevo modelo está en fase de transición. Sólo se conoce la contratación realizada por el Departamento de un abogado externo por tres meses. A ello habría que añadir que la Fundación EDE ha sacado una bolsa de trabajo para cubrir en su plantilla tres plazas de “técnico jurídico de inmigración”, que prestarán sus servicios en Biltzen.
Por tanto, parece que se quiera sustituir a 12 especialistas en derecho de extranjería que trabajaban en Heldu, por 4 personas, con la consiguiente merma de la atención prestada.
El argumento de que se pretende dar el servicio directamente por la administración tampoco es cierto. Heldu estaba gestionado por una empresa privada, lo que ELA no considera adecuado. Pero el abogado externo es una figura privada. Y Biltzen no está gestionado por la administración. Al contrario, se gestiona por una empresa privada ajena al Gobierno Vasco, Suspergintza Elkartea, que pertenece a EDE Taldea, y que tiene su origen en la Fundación EDE.
La Fundación Canónica EDE es tan privada como la empresa a la que se había adjudicado Heldu. En definitiva, a una empresa privada le sustituye otra.
Por tanto, es radicalmente falso que se opte por dar un servicio público directamente por la administración, como nos quieren hacer creer desde el Departamento de Asuntos Sociales.
En todo caso, resulta llamativo el interés del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de potenciar la Fundación EDE, a la que también se le subcontrata para el ejercicio de varias funciones que son propias de la administración. ¿Tendrá que ver con que el Viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Fantova, ha tenido durante los años previos a su nombramiento en el Gobierno Vasco una larga y estrecha relación con esa Fundación? Desde luego, la argumentación utilizada para sustituir a la empresa anterior que gestionaba a Heldu por la Fundación EDE no se corresponde con la realidad.
II- CONCLUSIONES Y EXIGENCIAS DE ELA
Las conclusiones que extraemos son claras:
- El cierre de Heldu es una decisión muy grave, que deja sin un servicio específico, necesario, a la población inmigrante en situación de “irregularidad”, que es el colectivo socialmente más vulnerable.
- El Gobierno Vasco ha mentido a la hora de justificar su decisión: ni se está dando una cobertura similar a la que ofrecía Heldu, ni se potencia la gestión pública directa del servicio.
- Se está beneficiando a la Fundación Canónica EDE, con la que el Vicenconsejero Fernando Fantova ha tenido una estrecha vinculación.
Ante ello, ELA exige:
- Potenciar los servicios públicos, gestionados de manera directa por la administración. En concreto, en este caso es necesario retomar el servicio Heldu como servicio público que dependa directamente del Gobierno Vasco, que atienda a personas inmigrantes en situación administrativa irregular, y que además incorpore la atención a personas inmigrantes en situación administrativa irregular sobrevenida, reagrupaciones familiares, renovaciones de permisos y nacionalidad, etc.
- Se deben depurar las responsabilidades políticas de Gemma Zabaleta y de Fernando Fantova, por estar ofreciendo falsos argumentos para justificar el cierre de Heldu, y dejar en suspensión un servicio tan necesario.