El estudio para una banca pública navarra nace sesgado por el tipo de concurso que ha convocado el Gobierno
ELA considera que la buena noticia que supone el impulso de una institución financiera pública en Navarra está empañada por las condiciones que el Gobierno foral ha impuesto en el concurso abierto para estudiar la viabilidad y características de dicha entidad financiera. El sindicato ELA apuesta por la creación de una banca pública que apoye el tejido económico navarro y que asuma la atención financiera de los y las ciudadanas (ahora indefensos frente al mero interés egoísta de los grandes bancos), y por eso no puede compartir algunos de los principios que rigen la actuación del Gobierno de Navarra en este aspecto.
De entrada, se convoca el concurso con menos de un mes de plazo para su licitación (que es agosto), y además se dirige a estudiar la viabilidad de una entidad financiera que “dinamice la actividad crediticia para las empresas navarras” y, solo en un segundo plano, para las “familias y el sector público”. Los tres sectores deberían tenerse en cuenta, como mínimo, con la misma prioridad.
Además, las grandes restricciones para presentarse al concurso (entre otras, haber asesorado en materia financiera a un gobierno, o haber participado en la creación o integración de entidades financieras) limitan esa posibilidad a grandes empresas de auditoría o consultoras ligadas al gran capital. Si este tipo de compañías son las únicas que pueden proponer cómo será la futura institución financiera pública de Navarra, no es muy difícil aventurar qué tipo de entidad propondrán.
Con todo, lo más grave es que el estudio debe incluir un diagnóstico de la economía navarra, para lo que es obligatorio entrevistar a la CEN (patronal navarra que nunca ha acreditado qué representación tiene entre los empresarios), la Cámara de Comercio, Elkargi y Sonagar (todas ellas entidades privadas ligadas a la patronal), como si estos fueran los únicos agentes que conocen la economía navarra.
El estudio, necesariamente, resultará enormemente sesgado, ya que el Gobierno de Navarra no valorará el punto de vista de ninguna entidad de banca ética, economía solidaria ni de otros agentes sociales que puedan aportar la visión de la clase trabajadora, que es la que más está sufriendo las consecuencias de que no exista una banca pública.