El Gobierno Vasco no ha tenido en cuenta las aportaciones de ELA y renuncia a equiparar los derechos lingüísticos de las personas vascohablantes en las administraciones

En la Mesa General celebrado hoy en Lakua, el Gobierno Vasco ha respondido a las aportaciones hechas por ELA ante el nuevo decreto de normalización del euskera en las administraciones. Lakua rechaza puntos fundamentales: no regula ni la formación, ni los recursos necesarios para euskaldunizar a las trabajadoras y trabajadores, no se prevé que al cabo de un periodo de transición todo el personal llegue a ser bilingüe, y se niega la posibilidad de que la exigencia de los perfiles lingüísticos empiece desde los puestos de dirección.

Además de rechazar cuestiones de peso, el Gobierno Vasco se pliega a las sentencias judiciales dictadas en los últimos meses, a pesar de que muchas de ellas todavía no son firmes. Esto implica que niega la posibilidad de emprender acciones positivas para hacer frente a las dificultadas que encuentran las ciudadanas y ciudadanos que quieren emplear el euskera. Por ejemplo, las administraciones no podrán regular que el saludo sea prioritariamente en euskera, a pesar de que es sabido que gran parte de la población vascohablante no se atreve a demandar un servicio en euskera.

El nuevo artículo 24.3 supone otro retroceso: “Cada entidad del sector público vasco podrá establecer Criterios de Uso conforme a los cuales todo el personal que ocupe un puesto de trabajo en el que sea preceptivo un perfil lingüístico, habiéndolo acreditado, utilice también el euskera como lengua de trabajo”. Se ha añadido el término “también”, esto es, se establece que el castellano será lengua de trabajo obligatoria, y que hay posibilidad de que el euskera sea obligatorio, siempre que se haya garantizado que se trabajará en castellano.

Asimismo, se aclara la interpretación del índice de obligado cumplimiento de perfiles lingüísticos. Según el nuevo borrador, dicho índice solo se podrá superar de modo excepcional y a través de un complicado procedimiento. Esto es, en general el índice de obligatoriedad de euskara será el límite máximo, pero en la mayoría de administraciones el conocimiento del castellano será obligatorio en todas las plazas. El conocimiento del euskera seguirá siendo una excepción en las administraciones: en lugar de situar el estatus de ambas lenguas a la misma altura, se perpetuará una situación en la que hay personal y ciudadanía de primera y segunda.

Por todo ello, ELA manifiesta su rechazo ante estas modificaciones y emplaza al Gobierno Vasco a que retire su proyecto de decreto. Este sindicato tiene una propuesta para equiparar derechos lingüísticos sin causar perjuicio a nadie, pero el Gobierno Vasco teme a los sectores euskarófobos. Es el momento de equiparar los derechos lingüísticos, y ELA exige al Gobierno Vasco que de pasos en esa dirección.