El Gobierno Vasco no puede imponer el uso de los fondos, critica ELA

El consejero D’Anjou, como anteriormente hizo el lehendakari Pradales, anunció ayer, 31 de marzo, que modificarán por ley los criterios para invertir el dinero ahorrado por la clase trabajadora a través de las EPSVs. ELA, sindicato que cuenta con la representación mayoritaria, ha tenido noticia de ello a través de los medios de comunicación, a pesar de que el dinero depositado en las EPSVs sea el ahorro de las personas asalariadas.

ELA impulsó hace unos decenios la creación de las EPSVs con dos objetivos principales: crear lo que podía ser el germen de un sistema vasco de pensiones y afianzar el arraigo de las empresas. Por desgracia, lamenta el sindicato, no se ha alcanzado ninguno de los dos y actualmente las EPSVs se limitan a ser un sistema para complementar las pensiones futuras de las personas asalariadas.

Dicho esto, ELA aboga porque el ahorro de la clase trabajadora se ponga a su disposición y de la transformación empresarial, y está dispuesta a negociar las condiciones para que eso se lleve a cabo. El sindicato está dispuesto a canalizar el ahorro a las empresas, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• El dinero debe utilizarse para complementar las inversiones que realicen las administraciones; ELA quiere que éstas asuman la propiedad en las empresas en que inviertan para garantizar que estarán al servicio de la sociedad. No se debe poner dinero público o de las EPSVs en empresas sin que su dirección se guíe por las necesidades de las sociedad o sin que haya una inspección de la inversión realizada. El Gobierno Vasco actualmente no dispone de estructuras para controlar este tipo de inversiones y da dinero público a empresas y empresarios sin ningún control, denuncia.

• Fondos de inversión de escala global se dedican a la compraventa de empresas, también de la CAPV, y gracias a la especulación están ganando enormes cantidades de dinero, o pagando cuantías económicas escandalosas al empresariado vasco, superando por mucho las inversiones que se habían realizado en sus empresas. ELA considera que el dinero de las EPSVs no puede contribuir a impulsar este mercado especulativo; en consecuencia, reclama a las administraciones que desarrollen una legislación que limite la compraventa por parte de los fondos de inversión. No hay posibilidad de que las empresas arraiguen si su propiedad se convierte en mero instrumento para la especulación.

• Los ahorros de las personas trabajadoras deben servir para mejorar el empleo y las condiciones laborales, y las inversiones deben condicionarse en función de esos fines. No es admisible que con el ahorro de la clase trabajadora se financien despidos o acaben empeorando sus condiciones.

• Las inversiones y el ahorro de las EPSVs deben destinarse a sectores que respondan a las necesidades de la sociedad; en ningún caso a industrias que la perjudican, como el sector armamentístico. Los ahorros de las personas trabajadoras de Euskal Herria no deben financiar la producción de armas que matan a trabajadoras y trabajadores en Gaza. Por otra parte, las inversiones públicas deben posibilitar la transición ecosocial, no solo el mantenimiento de los actuales modelos empresariales.

• Para canalizar el ahorro de la clase trabajadora la administración debe garantizar que no se producirán pérdidas y que servirán para complementar las pensiones futuras.

• Las inversiones públicas y el dinero de las EPSVs deben destinarse prioritariamente a procesos de transformación de las empresas que impliquen la propiedad directa por parte de las personas que trabajen en ellas, creando nuevos tipos de empresa que actúen según los principios de la economía social transformadora. Esta es la principal garantía para el arraigo empresarial: que además de ganar dinero funcionen basándose en otro tipo de valores y nuevos modos de entender la propiedad.

• ELA busca que, en lugar de garantizar los beneficios a la banca, la financiación se dé a través de la banca pública o de las fundaciones de las cajas de ahorro que aún están bajo control público

A partir de estas premisas, ELA manifiesta su voluntad de debatir cuanto haga falta con el Gobierno Vasco y abrir una negociación sincera. Las empresas vascas deben tener arraigo en Euskal Herria, pero también se deben poner al servicio de la sociedad.

En todo caso, considera que la inversión pública de 1.000 millones de euros que ha anunciado el Gobierno Vasco es muy reducida para hacer frente a la reconversión que necesita la economía de la CAPV. El déficit existente con respecto a China se ha producido en gran medida por el diferente nivel de inversión pública, explica. Así las cosas, ELA plantea que se constituya un fondo de 2.300 millones de euros. Asimismo, ELA entiende que es incomprensible que esta inversión se financie vía deuda pública, al tiempo que se está fraguando una revisión fiscal que no aportará ingresos adicionales y las rentas de capital siguen estando muy poco gravadas.

Por último, el plan del Gobierno Vasco es incompatible con la actual estructura de la administración. “Ésta ha decidido subcontratar la planificación de la política industrial porque carece de recursos para hacerlo”, afirma ELA, quien añade que “esto refleja claramente cómo ha sido la política industrial de los últimos decenios: Si no hay recursos para elaborar un documento de planificación ¿cómo piensa canalizar el Gobierno Vasco inversiones públicas por valor de cientos de millones?”, se pregunta.

ELA considera que la economía vasca necesita una transformación en profundidad y que debe ponerse al servicio de las trabajadoras y trabajadores. La inversión pública y el ahorro de las personas asalariadas deberían sumar para alcanzar esa meta y evitar que los fondos públicos se empleen con un ánimo puramente especulativo.