El Pacto de Toledo acuerda nuevos recortes de las pensiones
Se aproxima otra reforma de las pensiones que acarreará aún más recortes. Esa es la conclusión que extrae ELA del documento del Pacto de Toledo con 20 recomendaciones, aprobado el 27 de octubre y que se someterá al pleno del Congreso (con el beneplácito de PSOE y Podemos).
En esa propuesta no se concreta que la revalorización garantice el poder adquisitivo; pretenden recortar la cuantía de las nuevas pensiones; limitar la jubilación anticipada; recortar la pensión de viudedad; y sobre todo, llama la atención que no haya ni una sola mención a la reversión de las reformas anteriores. Ante esta realidad, ELA considera urgente el debate sobre el reparto de la riqueza, para centrarse en qué nivel de ingresos queremos garantizar a las personas pensionistas.
ELA afirma que, a pesar de que el Gobierno habla del compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo, el texto acordado no es nada claro. “No hay ninguna garantía de que la verdadera voluntad sea garantizar a partir de ahora por ley esta revalorización según el IPC; su diseño se incluirá en la reforma que se pacte con los agentes sociales en el diálogo social”.
El documento también pretende recortar la cuantía de las nuevas pensiones, mediante la ampliando los años de cotización para hacer el cálculo de la prestación. Además, cobra cada vez más fuerza la idea de incentivar el trabajo tras la edad de jubilación, incrementando los incentivos por retrasarla y compatibilizándola con el trabajo para prolongar las carreras profesionales. “Esto atenta contra las posibilidades de las personas jóvenes y/o desempleadas de acceder al empleo”.
El documento también habla de conceder la pensión de viudedad solo en los casos de 65 años o más, según la situación financiera de la unidad familiar de la persona beneficiaria de la pensión.
Para ELA, llama especialmente que no se mencione la reversión de las reformas anteriores, ni para dar marcha atrás en el retraso de la jubilación ni para eliminar el factor de sostenibilidad, mientras la situación es muy preocupante:
- Una de cada 4 personas es pensionista, y la cuantía media es baja: 1.260 euros en la CAPV y en 1.167 en Navarra.
- La brecha de género es evidente. La pensión media de las mujeres es de tan solo 964 euros en la CAPV y 896 en Navarra, casi un 40% menos que la de los hombres (1.575 euros en la CAPV y 1.439 en Navarra).
Propuestas de ELA:
- Rechazar el Pacto de Toledo y su filosofía y, en consecuencia, todas las reformas y recortes que emanen de él y del mal llamado diálogo social. Se debe reconocer el protagonismo del movimiento de pensionistas como interlocutor.
- Dar marcha atrás íntegramente a los recortes de 2011 y 2013 (cuantía de nuevas pensiones, retraso de la jubilación, actualización de las pensiones, eliminar el factor de sostenibilidad…).
- Crear empleo de calidad y subir los salarios por encima del IPC.
- Aprobar los contenidos de la ILP contra la pobreza y la exclusión social (Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria), cuya tramitación fue rechazada en los Parlamentos Vasco y de Navarra.
- Pensión mínima de 1.080 euros, según los criterios de la Carta Social Europea, que fijan un Salario Mínimo equivalente al menos al 60% del salario medio.
- No limitar la financiación de las pensiones a las cotizaciones sociales.
- Aumentar el gasto en pensiones, reformando la política fiscal y persiguiendo el fraude. Estamos a la cola de la Unión Europea en presión fiscal (el diferencial respecto a la media europea es de 8.000 millones de € al año en HEH), y a la cabeza en fraude fiscal. Sin embargo, se han rebajado los impuestos de las rentas altas y el capital y a las empresas.
- Eliminar las bonificaciones empresariales, porque no tienen efecto positivo en el empleo.
- Potenciar el sistema público de pensiones.
- Decidir el sistema en su conjunto en Euskal Herria.
- Las instituciones de la CAPV y Navarra deben garantizar unos ingresos adecuados a las personas pensionistas actuales y futuras, complementando la pérdida de ingresos por los recortes del Gobierno español y garantizando la pensión mínima de 1.080 euros.
Para conseguir estos objetivos ELA considera imprescindible la movilización social. Por ello seguirá estando en las calles.