El presupuesto del Gobierno Vasco aumenta tan solo un 1% para 2023
El Gobierno Vasco “está gastando por debajo de sus posibilidades, dejando de lado la cobertura de las necesidades sociales y haciendo las políticas que gustan a empresas como Petronor o Iberdrola, que se están haciendo de oro a costa de saquear nuestros bolsillos y generar una crisis ecológica mundial”, ha señalado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en la presentación del Informe sobre Presupuestos elaborado por el Gabinete de Estudios del sindicato. En concreto, el Gobierno Vasco prefirió no invertir sus 800 millones de superávit (cierre de 2021), sin cubrir importantes necesidades sociales.
Respecto al proyecto de presupuestos para 2023, el secretario general de ELA ha desmentido la propaganda del Gobierno que continuamente insiste en un presupuesto ‘expansivo’. “En realidad, el presupuesto proyectado para 2023 aumenta tan solo un 1% en comparación con lo previsto para el cierre de 2022. Lejos de la cifra de un aumento del 8,7 anunciada por el consejero Azpiazu. Por ejemplo, destina a Salud 220 millones de euros menos de lo que va a invertir en 2022”.
Además, Lakuntza ha destacado la renuncia del Ejecutivo de Urkullu de impulsar una reforma fiscal, lo que hace que, a pesar de que los ingresos están creciendo más de lo previsto, se siga aumentando la deuda pública, lo cual, ante la previsible vuelta en 2024 de las reglas fiscales, es una garantía de futuros recortes sociales.
Aitor Murgia, miembro del Gabinete de Estudios de ELA, ha destacado que los proyectos de presupuestos sufren importantes cambios tras aprobarse, por lo que es fundamental analizar lo que ha sucedido estos años pasados. Así, el último ejercicio cerrado, el de 2021, muestra que “en plena pandemia de la Covid-19, el objetivo del Gobierno Vasco fue gastar lo menos posible. En un contexto de emergencia sanitaria y crisis social, el Gobierno cerró su presupuesto con un superávit de más de 800 millones de euros. Solo aumentó el gasto en 170 millones respecto a lo presupuestado, a pesar de que ingresó 2.213 millones de euros más de los previstos: pudo hacer mucho más para dar respuesta a la cobertura de las necesidades sociales, y no lo hizo porque no quiso, no porque le faltara dinero”.
Asimismo, Murgia ha criticado la escasa dotación presupuestaria de Salud (4.627 millones) y Educación (3.407 millones) en comparación a la media europea. Se necesitarían 2.050 y 677 millones de euros respectivamente para alcanzar la media Europea. También ha denunciado “el bajo presupuesto de Vivienda” (apenas 180 millones) “y la perpetuación de los recortes en las cuantías de los ingresos garantizados a través de las prestaciones sociales” (más de 200 euros de recorte al mes).
Como consecuencia de todo esto, el miembro del Gabinete de Estudios de ELA ha constatado que “lejos de políticas expansivas, el peso real del Gobierno Vasco en la economía se reduce al pasar del 15% del PIB en 2022 al 14,4% en 2023”.
Por su parte Leire Gallego, responsable de Acción Social del Comité Ejecutivo de ELA, ha expuesto las diez propuestas del sindicato en materia de presupuestos.
Entre éstas Gallego ha destacado la necesidad de “aprobar de manera urgente una reforma fiscal que aumente los impuestos sobre los beneficios de las empresas y los patrimonios, a través, entre otras medidas, de establecer un tipo mínimo del 25% de los beneficios en el Impuesto sobre Sociedades”.
Por otra parte, la responsable de Acción Social ha exigido que se equipare la inversión pública en Salud y en Educación a la media europea. Asimismo, es necesario multiplicar por 10 el presupuesto de vivienda y dar marcha atrás en los recortes que se vienen aplicando en las cuantías de la renta garantizada, paralizar la reforma de la RGI y tomar como punto de partida la ILP contra la pobreza y la exclusión social de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.
Junto a estas propuestas Gallego ha indicado la necesidad de que el Gobierno Vasco cree un Fondo público para la transición ecosocial, dotado con 2.300 millones de euros, que se comprometa a realizar un análisis del presupuesto con enfoque de género y participación social, y que acuerde las condiciones de trabajo del personal al servicio del Gobierno Vasco en las mesas de negociación colectiva.