El sector público está cada vez más debilitado porque ha renunciado al autogobierno

Dos de las principales reivindicaciones del sindicato durante esta legislatura han sido la reducción de la temporalidad a través de procesos de estabilización y el incremento salarial conforme al IPC de Navarra. El Gobierno de Navarra ha rechazado nuestras peticiones de plano, ya que manifiesta que las mismas se deciden en Madrid.

Estas dos razones que el Gobierno de Navarra repite como mantras han sido cuestionados y rebatidos por ELA, dado que el sindicato ha entendido siempre que había vías para defender el autogobierno a fin de que Navarra no se sometiera a lo impuesto por el Estado. Pero es que por la vía de los hechos, los motivos argüidos por el ejecutivo han quedado manifiestamente desmontados.

En la consolidación del empleo público, ELA tenía – y sigue teniendo- una propuesta ambiciosa que presentamos ante la Función Pública de Navarra. Se nos contestó que nuestra propuesta chocaba con los límites que la tasa de reposición imponía a la creación del empleo público. A pesar de tener una tasa de temporalidad del 54% en las Administraciones, el Gobierno de Navarra decidió aquietarse y someterse a una tasa impuesta por el Estado. Lo cierto es que si en estos últimos dos años ha habido nueva normativa que permite superar la tasa de reposición en unos procesos excepcionales de Oferta Pública de Empleo – con la denominada Ley Iceta -, no ha sido por la defensa del autogobierno que se ha hecho desde aquí, sino por el cumplimiento estricto de lo que marcaba una Ley estatal. En consecuencia, todavía a día de hoy, es el Estado quien marca cuántas enfermeras, médicas o maestras tiene que haber en la Administración Foral de Navarra.

Asumir la incapacidad de no poder gobernar según las necesidades propias es grave, pero más grave nos parece que se haga la remisión a una regulación estatal como si los agentes políticos de aquí no tuvieran margen de incidir en ella. La única norma que establece anualmente la tasa de reposición y el tope en el gasto de personal es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, negociada y acordada estos últimos años entre el PSOE, Podemos, PNV y EH-Bildu, entre otros. Por tanto son decisiones tomadas por los mismos agentes en otro foro las que sirven posteriormente en Navarra para justificar la incompetencia foral a la hora de poder mejorar las condiciones de los y las trabajadoras públicas.

Si aceptar la situación kafkiana provocada por los partidos políticos resulta complicado, más difícil es todavía aceptar el argumento del Gobierno, cuando lo que hace es todo lo contrario. Mientras que dialécticamente el Ejecutivo hace una defensa férrea de la falta de capacidad de Navarra en cuestiones salariales, recientemente ha tomado medidas que tienen impacto económico en Policía Foral, en Bomberos/as y en Médicos/as. A título ilustrativo, los 400 euros mensuales que van a cobrar los médicos y las médicas a partir de ahora por la presión ejercida por el Sindicato Médico demuestran que si hay voluntad política, las condiciones económicas de la plantilla pueden mejorar. Porque pueden y deben hacerlo, desde ELA reiteramos nuestra petición al Gobierno de Navarra de aplicar a todas y todos los trabajadoras y trabajadores del Gobierno de Navarra subidas salariales conforme al IPC de navarra.

Pueden y deben hacerlo también desde una perspectiva de género. Ahora que acaba de pasar el 8 de marzo y que Función Pública ha presentado el Plan de Igualdad para la Administración, queremos reiterar nuestras reivindicaciones de realizar procesos de consolidación y de incrementar los salarios en la Administración, porque son medidas feministas. El diagnóstico del propio Plan detalla que hay brecha de género en las políticas retributivas y que la temporalidad afecta de manera específica a las mujeres. Si el objetivo del Plan es acabar con las discriminaciones estructurales entre géneros, la Administración tendrá que acometer medidas concretas para hacer desaparecer la brecha salarial. Pero ni el Plan contiene medidas concretas para hacerla desaparecer, ni el Gobierno plantea hacer una política retributiva feminista. Es más toma medidas que aumentan esa brecha de genero.

La legislatura está a punto de acabar y vemos que el Gobierno necesita urgentemente hacer ver que saca adelante alguna medida que favorezca a los y las empleadas públicas, más aún después de la jornada de huelga en toda la Administración y de sendas huelgas en Osasunbidea y Educación que vendrán las próximas semanas. Pero ni las modificaciones del Estatuto del Empleado Público, ni el acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico ni el Plan de Igualdad presentado por Función Pública van a cambiar sustancialmente las condiciones laborales de los y las empleadas públicas. Y ante este clima de propaganda del Gobierno y de consenso entre Gobierno y EH Bildu, desde ELA queremos aclarar que en estos cuatro años los y las trabajadoras públicas han sufrido una cuantiosa pérdida de poder económico, que la temporalidad en la Administración sigue por encima del 50% y que no se han aplicado políticas públicas feministas.

Esas son las cuestiones que determinarán el futuro de nuestros servicios públicos, ELA va a seguir impulsando la movilización para que pongamos la atención ahí y seamos exigentes en los temas estratégicos.