ELA achaca a la pésima gestión de la dirección el cierre de la Residencia Alarte, el despido de sus 11 trabajadoras y el impago de 3 meses de salarios

21/05/2021
Las trabajadoras de la Residencia Alarte, de Etxabarri Ibiña (Araba), han denunciado el próximo cierre del centro, lo que supondrá el despido de las 11 personas en plantilla así como la reubicación de los y las residentes actuales. Se da el agravante, además, de que estas trabajadoras llevan tres meses sin cobrar -algunas han tenido que pedir dinero prestado para poder pagar el transporte al centro- y con unas cargas de trabajo altísimas ya que los despidos, las renuncias y las bajas de los últimos meses no se están sustituyendo con nuevas contrataciones.

ELA denuncia que la situación que ahora derivará en el cierre de la residencia es responsabilidad directa de la pésima gestión realizada por la directora, Amparo Raquel Arjones, y de María Concepción Morán, apoderada de esta residencia hasta junio de 2020, que han dejado morir el centro.

El inicio del fin es cuando tras la denuncia de un trabajador por las carencias asistenciales en la residencia, Bienestar Social multa a Alarte tras una inspección. En vez de adoptar medidas para solucionar los problemas por los que ha sido sancionada, la empresa culpa a sus empleados y empleadas de la multa y les deja de pagar alegando pérdidas, aunque ignore nuevas solicitudes de ingreso.

El último ingreso fue el 28 de febrero, aunque desde entonces varias familias se han interesado por una plaza, algunas urgentemente. No obstante, Amparo Arjones no les ha respondido, ni tampoco a quienes piden explicaciones por la actual situación de incertidumbre.

De manera paralela, un trabajador interpone una denuncia en la inspección de Trabajo y Seguridad Social por vulnerar en reiteradas ocasiones los derechos de la plantilla según el Convenio Estatal, que ya de por sí establece unas condiciones tan precarias como, por ejemplo, salario de 997 euros al mes ó 1792 horas al año.

En noviembre de 2020, Amparo Arjones y su abogada convocan al empleado que interpuso la denuncia en nombre de la plantilla a una reunión en la que intenta comprarle con una subida de salario a cambio del cierre del expediente jurídico, a lo que el trabajador se niega.

Durante este tiempo, la empresa va recortando en artículos de primera necesidad como pañales, productos de limpieza o comida. Ante la escasez de alimentación, los propios trabajadores empiezan a suministrar leche, galletas o zumos para desayunos y meriendas. Sí que ha habido bajas: unos residentes se han marchado a residencias públicas y otros han fallecido por edad, pero no ha habido reemplazos.

La residencia tiene capacidad para 24 usuarios, aunque sólo había 14 cuando el 21 de abril se anunció el cierre. En cuanto a los trabajadores, un gerocultor ha sido despedido sin explicación y sin finiquito en enero de 2021, otro ha renunciado a su puesto estando de baja en abril de 2021 por la presión de la dirección, y otros dos están de baja por motivos médicos. Estos puestos no se han sustituido con nuevas contrataciones, sino que el personal restante lo suple con sus días libres.

Cabe destacar que en Alarte no ha habido ningún caso de coronavirus entre residentes y trabajadoras, por el especial cuidado que han tenido estas últimas.

Ahora, la asesoría BK Consulting, contratada por Alarte, ha presentado un concurso de acreedores en el que intentará argumentar que el cierre de la empresa, la reubicación de sus 14 usuarios y el despido de sus 11 trabajadoras era un final inevitable por “falta de liquidez” debido a la “baja ocupación”. ELA entiende que el cierre de la empresa ha sido decisión y responsabilidad de sus gestoras y directoras.