ELA considera imprescindible pasar de una estrategia de convivencia con el Covid-19 a la de su erradicación

04/11/2020
Es hora de reforzar los servicios públicos; implantar una amplia cobertura social para sectores y personas perjudicadas; y redoblar la seguridad en el trabajo

ELA considera que ha llegado la hora de realizar un profundo cambio de estrategia frente al covid19. Esta pandemia está teniendo gravísimas consecuencias. Los datos oficiales, que sin duda no reflejan toda la realidad, nos muestran que el coronavirus ha provocado la muerte de más de 2.000 personas en la CAPV y 700 en Navarra. Muchas de ellas han fallecido en las residencias. Las muertes no solo se produjeron al inicio de la pandemia. En el último mes ha habido más de 100 muertes en Navarra y de 200 en la CAPV.

MUERTES OFICIALES POR CORONAVIRUS HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE

 

TOTALES

EN RESIDENCIAS

HABITANTES

CAPV

2084

752

2182000

NAVARRA

722

491

661000



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas oficiales.

La estrategia seguida en toda Europa con la desescalada ha sido la convivencia con el virus en lugar de su erradicación, como se hizo en Asia y Oceanía. A la vista de la evolución de la covid19 y de las medidas que se están volviendo a tomar en todo el continente europeo, no parece que haya resultado una estrategia correcta.  

Esa estrategia se ha basado en el mantra de combinar la protección de la salud con el mantenimiento de la economía. Esto no se ha conseguido, ni en un ámbito ni en el otro:
    • Los niveles de contagio son muy elevados, están a niveles inaceptables, como se constata con los datos que hemos ofrecido anteriormente y con los que cada día ofrecen tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno de Navarra.
    • Se ha producido un importante aumento del desempleo, que no ha sido mayor porque los ERTE están paliando en parte esa situación. La respuesta de las instituciones no está siendo, ni de lejos, la que el contexto exige. La segunda ola que estamos viviendo va a repercutir en una ralentización o paralización de la actividad en múltiples sectores, que se va a agravar y alargar en el tiempo. Esto va a suponer un aumento de la desigualdad y de las situaciones de pobreza y exclusión social.

ELA marcó desde el principio una posición exigente poniendo en el centro que lo prioritario era la vida, y denunciando que los poderes públicos estaban tomando sus decisiones mirando más a los intereses cortoplacistas del empresariado empecinado en mantener determinados centros de trabajo abiertos que a la salud de las personas. Nuestra propuesta también respondía a una lógica económica, ya que solo asegurando la salud de la población y con la pandemia controlada seremos capaces de tener una actividad económica más normalizada y continuada.

Tras iniciar la desescalada la actuación de las instituciones se ha centrado en gran medida en realizar recomendaciones y apelar a la responsabilidad individual. Evidentemente, es exigible a toda la población un comportamiento acorde a la gravedad de la situación, pero no es menos cierto que se ha dado la impresión de que tras esas recomendaciones se ocultaba la voluntad de eludir responsabilidades políticas ante la falta de actuaciones y medidas concretas (no se ha dado respuesta, por ejemplo, a demandas en Salud, como aumento de las plantillas y la contratación del número necesario de rastreadores; en Residencias las reducciones de ratios, contrataciones añadidas o evaluación de riesgos psicosociales; en Educación, reducción de ratios y consiguiente aumento de plantilla que permitiese habilitar nuevos espacios para garantizar la actividad presencial;…).

ELA también considera que esa estrategia de aludir a la responsabilidad individual pretende  también eludir la responsabilidad de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones de preservar la salud de sus trabajadores y trabajadoras.

I- MEDIDAS INSUFICIENTES Y TARDÍAS

Quienes han practicado la estrategia de convivencia con el virus lo hacían bajo la hipótesis de que el sistema sanitario no iba a ser desbordado. Se ha visto que esto no ha sido así. En las últimas semanas han saltado todas las alarmas: creciente grado de ocupación de las camas hospitalarias y de UCIs por pacientes Covid19, colapso de la atención primaria,…

En su día dijimos que ningún sistema sanitario europeo estaba en condiciones adecuadas para dar respuesta a una pandemia de estas características, pero que las políticas de recortes habían deteriorado la calidad de nuestros sistemas sanitarios. Osakidetza y Osasunbidea estaban infradotadas, y eso agravaba las consecuencias que estábamos y estamos viviendo.

Tras más de 7 meses desde el inicio de la pandemia se puede afirmar que los responsables políticos no han actuado en consonancia con la envergadura del reto:
    • Al volver a crecer las curvas de contagios, muertes y tensionamiento del sistema sanitario, se ha mostrado la falta de planificación. Si en un primer momento, en marzo, se podría entender que la situación era nueva, es inaceptable que tras tanto tiempo no se tenga una  respuesta coherente al repunte que todo el mundo científico venía anunciando.
    • No se ha tenido, ni se tiene, un panel de control de referencia que sea razonable. Los índices de contagio que se consideran graves por parte de las instituciones de la CAPV y Navarra (500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) están muy por encima de los parámetros establecidos en el ámbito europeo. Si se hiciese caso al panel de referencia que se acaba de establecer en el estado español estábamos ya en riesgo alto, tanto en la CAPV como en Navarra, a principios de agosto. Y desde finales de ese mes en nivel de riesgo extremo. Se debería tener un panel de control riguroso, definido por la comunidad científica y acompañado de medidas a aplicar en cada uno de los casos. Nada parecido a la realidad.

Tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno de Navarra han ido por detrás de los acontecimientos. Actúan tarde, y de manera insuficiente. La evolución de la pandemia bastaría para justificar esta afirmación. Sin embargo, nos queremos referir a dos elementos concretos que apuntan claramente en esa dirección: los sistemas de detección y rastreo, y el Plan Bizi Berri II del Gobierno Vasco.

Desde el principio de la pandemia se sabía que una de las claves era la rápida y más exhaustiva posible identificación de los contactos de las personas contagiadas por el virus. Y que para ello era esencial contar con un sistema de atención primaria capaz de identificar el mayor número de casos posible y de hacerlo de manera rápida. Hoy se puede decir sin lugar a dudas que el sistema hace agua.

Estamos en una situación de transmisión comunitaria, y los contactos identificados por Osakidetza y Osasunbidea no llegan a la mitad del total de casos.  Ello se debe a varias razones, entre ellas la tardanza e insuficiencia en la dotación de rastreadores. Se ha ido aumentando muy lentamente su número. A 26 de octubre, había 112 en Navarra (30 de ellos militares, muestra de la colaboración del Gobierno con el discurso de la militarización de la lucha contra la Covid) y 375 en la CAPV, lo que equivale a uno por cada 5.800 habitantes, de los peores ratios de todo el Estado. Ello se agrava en el seguimiento de contactos estrechos laborales, al dejarlo en manos de los Servicios de Prevención de las empresas, que están mostrando más interés en ocultar posibles brotes que en prevenir la extensión de los contagios. Como consecuencia, la identificación de los contactos cercanos, cuando se hace, se realiza con un gran retraso, a lo que contribuye también el retraso desde la detección de síntomas hasta la realización de los tests. Es claro que vamos tarde, muy tarde.

A pesar de que la situación ya era muy preocupante desde agosto, el Gobierno Vasco presentó a principios de octubre su Plan, denominado Bizi Berri II. Dicho plan contempla una serie de escenarios ya de por sí criticables. Los índices según se clasifica la situación en cinco niveles (desde Sin transmisión local a Transmisión muy alta) están muy por encima de lo acordado en el denominado semáforo europeo y en el del Estado español.
Cuando la situación ha llegado al nivel máximo del Plan del Gobierno Vasco hay medidas que están previstas (como la extensión del teletrabajo en todo lo posible, aforos del 30% en comercios y mercados con protocolos preventivos, o el cierre de la hostelería y la restauración por zonas) que no solo no se han puesto en marcha sino que ni siquiera parecen estar en la agenda del Gobierno Vasco.

II- MEDIDAS PROPUESTAS POR ELA
ELA considera prioritario que las decisiones se tomen en función de los consensos existentes en la comunidad científica. Y nos parece que esta reflexión debe hacerse tanto para el corto plazo como para el medio y largo plazo.
Los acontecimientos de estos últimos días y semanas nos muestran con claridad que la estrategia más adecuada para preservar la salud -y lo que se ha venido a denominar la economía- es la de la erradicación del virus, no la de la convivencia. Deberíamos haber aprendido que hay que actuar de manera fuerte y temprana: dotarnos de una gran capacidad de detección y seguimiento, y adoptar estrictas restricciones con un número bajo de casos.

En este momento ya se están aplicando en nuestro territorio medidas restrictivas, que no están dando el resultado esperado. Estamos abocados a un confinamiento similar al de los primeros meses de la pandemia, y las instituciones van preparando el terreno para ello.

ELA comparte, en el punto en el que nos encontramos, la necesidad de adoptar fuertes medidas restrictivas, que deben ir acompañadas de decisiones que permitan salvaguardar la salud de las y los trabajadores, así como paliar las consecuencias económicas de la situación que ya estamos viviendo y que, como hemos indicado, se va a agravar. En esa dirección queremos incidir, y para ello planteamos la necesidad de adoptar de manera urgente medidas encaminadas a:

      
REFORZAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

    • Establecer la obligatoriedad del teletrabajo siempre que sea posible.
    • Incrementar la inspección en los centros de trabajo, así como el control de los aforos. Reforzar el equipo de inspección con 100 personas en la CAPV y 50 en Navarra.
    • Tomar el control público de los servicios de prevención y la puesta a disposición de sus plantillas.
    • Reforzar la frecuencia del transporte público y limitar su aforo.
    • Limitación drástica de los aforos, teniendo en cuenta el volumen de los espacios y también las evidencias del contagio debido a los aerosoles.
    • Obligación de implantar sistemas de renovación o purificación del aire para atajar la contaminación vía aerosoles.  

 REFORZAR LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO Y SOCIOSANITARIO

    • Realizar de manera urgente un proceso con la comunidad científica para elaborar un panel de seguimiento y control de la Covid19. Establecimiento de un índice (por ejemplo 100) a partir del cual se realicen tests masivos a la población afectada (por municipio, por zonas de salud,…).
    • Importante refuerzo de la detección, rastreo y seguimiento de los casos de contactos, para garantizar la rápida identificación de la práctica totalidad de positivos. Extender la implantación de la aplicación Radar Covid.
    • Aumento del personal sanitario para equipararlo a la media europea.
    • Intervención pública de la sanidad privada para posibilitar la atención primaria y la hospitalización.
    • Ampliación inmediata del ratio de trabajadores y trabajadoras por persona atendida en los sectores de cuidados sociosanitarios.

MEDIDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE PALÍEN LA SITUACIÓN

    • Todas las personas en desempleo tienen que tener derecho a percibir una prestación que les cubra. Hoy estamos muy lejos de esa situación, y la gravedad de la crisis hace más necesario que nunca que se tome esa medida.
    • Paliar las consecuencias para los sectores económicos más afectados, a través de mecanismos que compensen pérdidas y no sean meramente simbólicos. Establecimiento de mecanismos para la exoneración o reducción de los alquileres. Aplicación de medidas como la establecida en Alemania, que plantea reembolsar hasta el 75% de las pérdidad en ventas a empresas que se han visto particularmente afectadas por crisis y las restricciones.
    • Prohibición de los desahucios y cortes de suministros de personas vulnerables que no tienen alternativa habitacional.
    • Puesta en marcha de un sistema propio de complemento de ERTES para todas las personas afectadas.
    • Establecimiento del derecho a cuidar a personas positivas o confinadas, con derecho también a una prestación económica.

Todas estas medidas suponen un aumento presupuestario. Para que sea factible es necesario un incremento de los ingresos públicos. Es urgente abordar una reforma fiscal en los términos que ELA ha venido planteando, a través de un importante aumento de los impuestos sobre los beneficios de las empresas, el patrimonio, el capital y las rentas altas.
Por otro lado, el actual marco legal dificulta o impide que las instituciones de Hego Euskal Herria puedan tomar todas las decisiones necesarias para afrontar una pandemia como la que vivimos. Los límites del marco jurídico están quedando, una vez más, en evidencia. Es necesario que podamos contar con un marco de soberanía, para que se puedan tomar aquí todas las medidas necesarias.

Por último, ELA hace un llamamiento a su militancia y a la población en general a participar en las dinámicas de movilización que se van a desarrollar en las próximas semanas y meses. La movilización social ha sido, es y será el camino de participación democrática de una parte importante de la ciudadanía. Y en tiempos de pandemia es más necesaria que nunca. No vamos a aceptar que se aprovechen las restricciones de movilidad para recortar el derecho a organizarnos y luchar por un modelo de sociedad más justo.