ELA defiende la necesidad de un fondo de compensación para las personas afectadas por el amianto
Las enfermedades profesionales en general, y las derivadas del amianto en particular, constituyen un grave problema social. Siguen estando ocultas y los datos oficiales no reflejan la realidad.
En Hego Euskal Herria 14 personas han fallecido por amianto en lo que va de año, fallecimientos que no aparecen en ninguna estadística oficial. En la CAPV ha causado la muerte de 159 personas, 25.000 trabajadores y trabajadoras han inhalado amianto en los últimos 30 años, y se estima que uno de cada tres morirá prematuramente.
La indefensión de las víctimas de amianto es absoluta, ya que el sistema actual de reconocimiento de daños compensa tarde o nunca a las víctimas del amianto, y suele ser un proceso extraordinariamente costoso para ellos, ya que están obligados a seguir largos procedimientos judiciales.
La premisa para abordar este tema es que exista verdadera voluntad política para reconocer el problema en toda su dimensión y para solucionarlo. En este sentido, ELA ha exigido al Gobierno Vasco que asuma la responsabilidad política que le corresponde y actúe en consecuencia, ya que su compromiso actual con este tema es claramente insuficiente. Osalan, Inspección de Trabajo y el departamento de Sanidad pueden hacer mucho más de lo que hacen. Es cuestión de voluntad política y de poner los recursos humanos y técnicos necesarios para ello. Evidentemente, esto es incompatible con los recortes presupuestarios que se están aplicando en estos capítulos.
En concreto, se ha pedido a Osalan que investigue todas las peticiones de investigación de enfermedades profesionales. En este sentido, ELA ha denunciado que Osalan está utilizando un criterio restrictivo en este tema, ya que sólo se está haciendo la investigación si hay petición expresa del INSS. Esto es absolutamente inaceptable, y no casa con el “firme compromiso” de Osalan con la detección y persecución de las enfermedades profesionales.
Fondo de compensación
El fondo de compensación para resarcir a las víctimas del amianto es absolutamente necesario, sobre todo para aquellos casos en los que la víctima haya trabajado en distintas empresas o la empresa donde se originó la enfermedad no exista en la actualidad.
ELA ha hecho una aproximación de las cuestiones que se deberían tener en cuenta en la configuración de un fondo de compensación. Así, el recurso al fondo de compensación no puede suponer en ningún caso la exención de la responsabilidad de la empresa en materia preventiva. Además, dicho fondo se tendría que financiar con aportaciones empresariales, cuantía que deberá ser completada con una asignación pública para hacer frente a las indemnizaciones correspondientes.
El recurso al fondo sería compatible con la vía judicial ordinaria contra la empresa al objeto de resarcir la totalidad del daño o la parte que no ha quedado cubierta por el fondo. Una vez que el fondo hay satisfecho la indemnización, éste se subrogaría en las acciones indemnizatorias contra los responsables del daño.
Hay modelos de fondos que funcionan con éxito en otros países. Es necesario estudiarlos con detenimiento, sacar conclusiones y abrir el debate social necesario para abordar la constitución de un modelo propio de fondo de compensación.
Además del amianto, el debate social y el tratamiento político de las enfermedades profesionales deberían abordar la prevención y las vías de compensación de otras patologías profesionales que están causando actualmente, y causarán en el futuro, daños irreparables a la clase trabajadora.