ELA demandará judicialmente al Gobierno Vasco por aprobar su proyecto presupuestario sin negociar las condiciones de sus 100.000 trabajadoras y trabajadores

En cuanto ha conocido el proyecto presupuestario del Gobierno Vasco para 2025, ELA ha decidido acudir a los tribunales. El sindicato considera que el Gobierno Vasco debe convocar la Mesa General antes de aprobar su proyecto de presupuestos, tal como ha solido hacer en años anteriores, con el fin de debatir las condiciones de las 100.000 personas que trabajan en el sector público.

En los últimos años, aun cuando fuera para cumplir una formalidad, el gobierno Urkullu ha convocado la Mesa General. Sin embargo, el Lehendakari Pradales ha impuesto las condiciones laborales directamente, sin hablar con la representación de las trabajadoras y trabajadores. Por tanto, el Gobierno Vasco ha negado y vulnerado el derecho fundamental de la representación de los trabajadores y trabajadoras de negociar las condiciones de trabajo.

Además de tomar esa decisión, el ejecutivo ha optado también por dejar las condiciones de trabajo de esas 100.000 personas a merced de lo que se decida en los presupuestos generales del estado. Hay que recordar que estos se están debatiendo en este momento y que, en consecuencia, en ellos se puede establecer incrementos salariales diferentes para la CAPV y Nafarroa, levantando los límites que se han impuesto para negociar las condiciones de trabajo. De hecho, es precisamente lo que han acordado el PNV y el PSOE. No obstante, el Gobierno Vasco se ha negado a negociar esta cuestión con los sindicatos. Entre otros puntos, ha decidido que el incremento salarial del personal público de la CAPV sea el que se decida en el Congreso español.

En los últimos años las trabajadoras y trabajadores públicos vascos y los sindicatos han reivindicado que sus condiciones laborales deben decidirse aquí. Un reflejo de ello han sido las tres huelgas generales del sector público de la CAPV durante el curso anterior. El Gobierno Vasco ha hecho oídos sordos, una vez más, a esa reivindicación y se encomienda a Madrid en lo que respecta a las condiciones de sus empleadas y empleados.

Aunque el Lehendakari Pradales dice que los presupuestos se emplearán para reforzar los servicios públicos, no ha mostrado ninguna voluntad de negociar las condiciones de trabajo de la gente que trabaja en ese sector y las ha vuelto a dejar al albur de lo que se decida en Madrid. Y lo hace a la vez que reivindica públicamente el cumplimiento del Estatuto.

Las condiciones de las trabajadoras y trabajadores públicos han sufrido un declive imparable en los últimos años. Desde 2021 la pérdida de poder adquisitivo ha sido de un 6%, y sigue habiendo 50.000 personas, casi la mitad de la plantilla, en situación de eventualidad; en el caso de Osakidetza es más de la mitad. El déficit de profesionales que existe en algunos ámbitos del sector público responde a ese empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Tras una lectura reposada de estos presupuestos, ELA realizará una valoración global. De momento, y por lo que se ha podido conocer, el sindicato tiene claro que no reforzarán los servicios públicos, y que están siendo gestionados con el mismo talante autoritario del gobierno anterior.