residencias de Gipuzkoa

ELA exige un convenio para acabar con el empleo precario

16/01/2025
ELA ha convocado al resto de sindicatos y patronales el 29 de enero para dar comienzo a la nueva negociación del convenio.

ELA convoca al resto de sindicatos y patronales del sector el 29 de enero en el CRL con el fin de iniciar una nueva mesa negociadora. El convenio anterior finalizó el 31 de diciembre de 2024. Un acuerdo extraestatutario firmado en minoría, que no garantizaba el poder adquisitivo y que consolidó, con la aprobación de la Diputación Foral, la involución de la calidad del empleo y del servicio en el sector.

La realidad de la plantilla de residencias de Gipuzkoa es la siguiente:

El 45% de la plantilla tiene contratos a tiempo parcial no voluntarios. Como consecuencia, el salario no es suficiente para una vida digna y, para poder completar la jornada, se renuncia a la conciliación. Por ejemplo, una auxiliar con un contrato del 70% percibe un salario base bruto mensual de 1.260 euros. La empresa ofrece horas complementarias para cubrir posibles bajas u otras incidencias en el centro, pero la disponibilidad necesaria para ello no se abona.

La escasez de personal y los ritmos elevados de trabajo tienen efectos negativos sobre la salud laboral; el estrés y las bajas van aumentando año tras año, la tasa de bajas está en torno al 20%. ELA ve urgente establecer mecanismos de adaptación entre otras medidas para el personal de mayor edad.

La brecha de género es evidente, tanto en el salario, empleo como en la salud laboral. ELA continúa reivindicando un sistema de cuidados público, gratuito, universal y de calidad y aspira a que el sector sea público. Un servicio digno y basado en la igualdad no es compatible con que el sector lo gestionen empresas que solo buscan el negocio.

Así las cosas, y de cara a la nueva negociación, ELA reivindica:

  • Contratos al 100% de la jornada para todo el personal
  • Reducción de jornada para compatibilizar vida y trabajo
  • Eliminación de la brecha salarial
  • Garantizar la salud laboral mediante medidas para el personal de mayor edad y evaluaciones reales de los riesgos psicosociales acordados con los representantes sindicales.