ELA impide la implantación de 'minijobs' en la administración navarra
ELA ha ganado el recurso de alzada presentado ante la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP-Políticas Sociales) para revocar la contratación al 50% de una trabajadora que sustituye a una persona con jornada completa. Es decir, esta acción de ELA ha evitado la imposición de un 'minijob', lo que abre el camino para impedir la precarización en el caso de otros trabajadores/as, también en los restantes ámbitos de la Adminstración.
En este caso concreto, ELA ha conseguido que el Gobierno de Navarra deba resarcir con 877 euros a la trabajadora afectada, a quien se le reconoce su derecho a ser contratada al 100%. Ello demuestra la obsesión del Gobierno de Barcina por precarizar el empleo, lo que llevado a sus últimas consecuencias le hace incluso infringir su propia normativa. Se trata del Decreto Foral 68/2009 de 28 de septiembre, todavía vigente, que solo permite contrataciones parciales para sustituir a personas con jornada parcial, pero nunca a contratados con jornada completa.
Sin embargo, esta defensa legal tiene sus días contados si la movilización de los trabajadores públicos y la acción sindical y política (se puede tramitar una ley parlamentaria al respecto) no se activa con urgencia. Como se sabe, el Gobierno ya anunció en Mesa General que iba a modificar ese decreto para legalizar los 'minijobs', con el argumento de que se trata de una “medida de reparto del empleo” (artículo 10.1 del proyecto). En la misma reunión, el Ejecutivo de Barcina pactó con CCOO, UGT y Afapna la ampliación de permisos, también con el mismo argumento de reparto del empleo, y advirtiendo de que ambas modificaciones eran inseparables: es decir, más permisos a cambio de imponer los 'minijobs'.
Hasta la fecha, ambos proyectos están sin publicar en el BON y por tanto no se pueden aplicar. Ello se puede evitar con las oportunas reformas legislativas en el Parlamento y ejerciendo la presión sindical y movilizadora suficiente para que el Gobierno de Barcina dé marcha atrás.
Además, en el mismo proyecto se quiere modificar el DF 27/2011 para eliminar el artículo 10 y permitir que determinados funcionarios puedan reducirse la jornada y dedicarse a actividades profesionales particulares al mismo tiempo que siguen trabajando para la Administración, en una clara apuesta por las consultas y academias privadas. El Gobierno fomenta así el pluriempleo, erosiona el servicio público y va contra los más elementales principios del reparto del empleo.
Por todo ello, ELA reafirma su acción movilizadora y de denuncia contra los 'minijobs' y a favor de un verdadero reparto del empleo, para lo que es imprescindible paralizar estos decretos ya en marcha. De paso, se hace un llamamiento a los partidos políticos que suman mayoría en el Parlamento para que impidan estas imposiciones del Gobierno de Barcina.