ELA pide una investigación penal y política para depurar responsabilidades ante los nuevos casos de terrorismo de Estado

Distintos medios han publicado en estos últimos días la noticia de que en 1989, siguiendo las ordenes de los aparatos del Estado español y de los máximos responsables del Ministerio del Interior, se enviaron varias cartas bomba a miembro de Herri Batasuna. El joven de Rentería, José Antonio Cardosa, perdió la vida al estallar uno de estos envíos. Los documentos publicados ofrecen indicios claros de que trás el asesinato de Cardosa y del envío de al menos otros tres paquetes bomba a miembros de HB, estuvo José Luis Corcuera, Ministro de Interior entre 1988 y 1993. Y apuntan a que los aparatos del Estado quisieron cubrir lo sucedido atribuyendo a ETA la responsabilidad de los hechos.
ELA, además de condenar con firmeza este nuevo caso de terrorismo de Estado, pide una vez más que se ponga en marcha una investigación sobre quienes puedan tener responsabilidad penal y política. Así se lo pide a la fiscalía y a todos los partidos políticos con representación en Euskal Herria.
Al sindicato le sorprende el silencio de la mayoría de los responsables políticos y partidos de Euskal Herria, especialmente el de los gobiernos de Lakua y Pamplona, así como el de muchos medios de comunicación. Para ELA llama la atención la firmeza con la que se exigen suelos éticos o la exigencia de condena contra la violencia y el silencio que se está guardando ante los hechos publicados. Más grave aún teniendo en cuenta que los principales responsables políticos de los sucedido eran miembros del PSOE, principal partido del Gobierno de Navarra y miembro de la coalición de gobierno en Lakua.