ELA presenta una guía para garantizar la salud mental en el sector

Trabajadoras del sector de Intervención Social de Bizkaia han presentado en rueda de prensa la campaña de ELA ‘Cuidarte es parte del trabajo’. El sindicato ha creado una guía que se repartirá centro a centro, con una encuesta para detectar qué riesgos psicosociales están sufriendo los y las trabajadoras y las líneas de actuación según cada caso. Tras años haciendo un diagnóstico, ELA denuncia que la salud y seguridad laboral del sector es insuficiente. “No existe voluntad política ni dotación de recursos suficientes pese a que, en algunos casos, las evaluaciones que existen identifican ya situaciones de grave riesgo”, explica Vanesa Nuñez, delegada.

ELA recalca que existen situaciones que acaban por tener un efecto fatal sobre la salud de los y las trabajadoras: Jornadas de trabajo de más de 10 horas, trabajo a turnos y en fin de semana, nocturnidad, trabajo en solitario, no se sustituyen bajas ni vacaciones, saturación y ratios de ocupación por encima de lo asumible, cierre de puestos de asistencia psicológica, que no se reconozcan las bajas derivadas del trabajo por parte de empresas y mutuas, imposibilidad para conciliar, situaciones de riesgo por episodios de violencia, etc. “Estamos normalizando estas condiciones cuando no lo son, a veces parece que la vocación puede con todo”, denuncia Andrea, delegada.

Según ELA, la despreocupación de patronales e instituciones públicas respecto a la salud en los centros de trabajo está incrementando. El aumento de las cargas y los ritmos de trabajo y las carencias del modelo de atención (ratios inadecuadas, etc), han puesto de manifiesto la falta de medidas reales en los riesgos psicosociales. El sindicato exige a las patronales Gizardatz y Geroan, Gobierno Vasco, EUDEL y Diputación Foral de Bizkaia medidas urgentes que garanticen la seguridad en el sector de la Intervención Social.

Asimismo, ELA continuará pidiendo la revisión de todos los protocolos de salud laboral y la creación de aquellos que sean necesarios; La revisión urgente de los decretos existentes; Acabar con los contratos fijos discontinuos amparados por el convenio y la contratación inmediata de más profesionales; Ampliación de la red de servicios y de centros de titularidad pública, así como la adecuación de todos los centros existentes para garantizar espacios donde desarrollar una correcta intervención educativa y, en última instancia, la publificación del servicio.