ELA se adhiere a la movilización en apoyo a las personas heridas en Barakaldo bajo el lema “Toda la ciudadanía con dignidad y derechos”
Todo esto ocurrió el 21 de marzo, día internacional en contra del racismo. Las personas heridas eran personas migrantes que se encontraban en situación de calle. Esto no es casualidad: las personas migrantes tienen 5 veces más posibilidades de sufrir pobreza que las personas no migrantes. Asimismo, según el Gobierno Vasco, 8 de cada 10 personas sin hogar en EAE son personas de origen extranjero.
Queremos aprovechar este hecho para denunciar el racismo institucional estructural contra las personas migrantes, a las cuales se les vulneran los derechos más fundamentales. Es necesario poner en marcha unas políticas públicas eficientes y justas para garantizar sus derechos y que puedan desarrollar un proyecto de vida. Ayuntamiento de Barakaldo, Diputación de Bizkaia y Gobierno Vasco deben asumir sus responsabilidades, ya que no garantizan a las personas migrantes una acogida real y ágil. Lo ocurrido en Barakaldo, localidad con más de 100 personas en situación de calle, no es un caso aislado; es el día a día que sufren las personas migrantes, mientras vemos con preocupación el auge de discursos racistas que derivan en comportamientos violentos y acciones discriminatorias contra las personas migrantes.
Afrontar la situación de calle de las personas migrantes de forma policial no puede ser una solución. Este tipo de respuestas pueden derivar en situaciones de desproporción y de violencia. No podemos considerar que una persona herida con un pronóstico tan grave pueda ser resultado ni de una actuación policial correcta y proporcionada, ni de una gestión municipal adecuada. Se deben aclarar los hechos y asumir las responsabilidades correspondientes.
Por ello, ELA pide que se investigue de manera transparente e independiente la actuación policial del pasado 21 de marzo como única forma de generar confianza en las actuaciones policiales y, de esta forma reforzar la labor policial preventiva. La labor policial se prestigia en democracia y ante la sociedad, si se incorporan mecanismos de rendición de cuentas ante la cadena de mando, el poder ejecutivo, ante el poder judicial y ante instituciones y organismos que velan por el cumplimiento íntegro de los derechos humanos.
ELA lleva años denunciando la apuesta de nuestros gobernantes por un modelo neoliberal de recorte de derechos sociales en general y de un modelo policial muy concreto, dos ingredientes que constituyen un cóctel, que, como en este caso, tiene unas consecuencias muy graves. Para ELA es, además, de un cinismo inadmisible que nuestros gobernantes salgan defendiendo a la policía cuando solo buscan ocultar su responsabilidad ante lo ocurrido.