GABINETE DE ESTUDIOS

En las capitales de Hego Euskal Herria no hay viviendas habitables en alquiler por menos de 600 euros, el 30% del salario medio

20/06/2023
El Gabinete de Estudios de ELA ha presentado hoy el informe 'La vivienda en Hego Euskal Herria: un derecho en manos del mercado', donde además de analizar la situación actual se recogen propuestas para garantizar el derecho a una vivienda digna. Donostia, Bilbao, Gasteiz e Iruñea están entre las diez más caras del Estado español. ELA también denuncia que haya 70.000 viviendas vacías.

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El problema del acceso a la vivienda, lejos de solucionarse, es cada vez más grave. Muestra de ello es que los precios de compra y alquiler siguen creciendo, estamos viviendo una nueva burbuja con el alquiler de habitaciones, los 1.000 desahucios del año pasado, el creciente problema de la turistificación o el fuerte aumento del número de personas sin hogar. Problemas que se analizan en el documento 'La vivienda en Hego Euskal Herria: un derecho en manos del mercado', realizado por el Gabinete de Estudios de ELA, donde también se recogen propuestas concretas.

Mikel Noval, responsable del Gabinete de Estudios, ha señalado que “la nueva ley de vivienda del Estado español, así como las leyes de la CAPV y Navarra, están dentro de la lógica de mercado y no garantizan el derecho subjetivo a la vivienda”.

Las hipotecas, 3.500 euros más caras

Aitor Murgia, autor del dossier, ha destacado que “las capitales de Hego Euskal Herria están entre las diez más caras del Estado español, donde Donostia es la más cara con un precio de 5.152 euros el metro cuadrado”. Si a esto se le añade la política de subida de tipos de interés que está llevando a cabo el Banco Central Europeo con una subida ya del 4%, “la hipoteca media en la CAPV podría encarecerse hasta 3.500 euros anuales”.

Murgia también ha señalado que “los precios del alquiler no paran de subir” y el esfuerzo que las personas tienen que hacer para alquilar una vivienda es cada vez mayor. “No hay prácticamente opciones de alquilar un piso derivando el 30% del salario medio en las capitales de Hego EH”. Ante esta imposibilidad, la única opción de emancipación, especialmente para los jóvenes y personas migrantes, es compartir piso. Ante la escasa oferta de vivienda en alquiler y la mayor demanda de alquiler de habitaciones, los precios superan en muchos casos los 1.000 euros mensuales. “No es de extrañar que la edad de emancipación de las y los jóvenes se acerque a los 30 años”.

Por su parte, Leire Gallego, responsable de Acción Social de ELA, ha denunciado que haya 70.000 viviendas vacías, mientras muchas personas no pueden emanciparse o acceder a una vivienda. “Hay más del doble de viviendas vacías que viviendas en alquiler social”, ha destacado. Otra cuestión que ha abordado es la de los desahucios, que superan los mil casos anuales. Sin embargo, muchos medios de comunicación se centran en el tema de las ocupaciones. “Las ocupaciones, especialmente las de delito de allanamiento, son un problema residual en Hego EH”. Gallego también ha hablado del problema de la turistificación de las ciudades, que cada vez va comiendo más terreno al parque de viviendas de uso habitual, así como de las personas sin hogar: “en los últimos diez años, se han duplicado el número de personas que no tienen un hogar; el 72% de ellas son migrantes”.

Finalmente, Noval ha mostrado que un cambio de modelo en las políticas de vivienda es posible, con el ejemplo del movimiento popular Alda, en Iparralde: en menos de tres años han conseguido mejoras importantes como la compensación en viviendas de uso turístico o victorias en las elecciones de inquilinos de vivienda social. “Las sociedades avanzan, en gran medida, gracias a la movilización social y a este tipo de organizaciones, ya que sin ellas la clase política no legislaría igual”.

En este sentido, las propuestas de ELA pasan por: "Garantizar por ley el derecho subjetivo a la vivienda, impulsar el alquiler frente al modelo de compra-venta, la limitación de los precios del alquiler, obligar a destinar las viviendas desocupadas a alquiler, paralizar los desahucios, la limitación y control de las viviendas turísticas y aumentar el gasto público en vivienda al 2% del PIB. En definitiva, entender la vivienda como un bien social y no como un bien especulativo”.