Es necesario impulsar el sentido público de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

ELA, primer sindicato en la plantilla de SCPSA, hace públicas sus propuestas iniciales para abordar los próximos cuatro años en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en la confianza de que un nuevo gobierno del ente comarcal suponga un verdadero cambio en las políticas laborales y también en las actividades propias de la MCP (residuos, agua, transporte, etcétera).

1- Reversión progresiva de las subcontratas para su prestación directa por SCPSA o las correspondientes empresas públicas que dependan directamente de la MCP. El horizonte final al cabo de estos cuatro años debe ser que todos los servicios públicos se presten directamente, lo que supondrá un ahorro importante (eliminación del porcentaje de beneficio industrial y del 21% de IVA aparejado a cada adjudicación) y en la mayoría de los casos, una mejora del servicio. Estas subcontratas deben ir revirtiendo a lo público según vayan venciendo las adjudicaciones, de modo que no vuelvan a darse casos de falta de transparencia ni de intereses empresariales por encima de los públicos.

Esta propuesta incluye, entre otros muchos, los dos principales servicios subcontratados: recogida de residuos (ahora prestado por FCC) y Transporte Urbano Comarcal (TCC).

2- Nueva normativa de ingreso a la plantilla de SCPSA: acabar con la discrecionalidad, el oscurantismo y el favoritismo. Como corresponde a una empresa pública, las nuevas contrataciones deben regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y todas las convocatorias deben contar con la suficiente publicidad. Las pruebas y sus resultados deben ser públicos. Se ha llegado al extremo de contratar mediante ETT, algo inadmisible en una empresa pública.

También deben cumplir esos principios las promociones internas, a fin de limitar al mínimo las interinidades o designaciones directas.

3- Apertura de negociaciones con el comité: ELA exigirá al nuevo gobierno de la MCP una verdadera negociación colectiva, que incluya una recuperación de las retribuciones (congeladas durante los últimos cinco años) y el compromiso blindado de respetar los acuerdos sin posibilidad de incumplimientos unilaterales facilitados por la última reforma laboral.

4- Política sostenible y defensora de los recursos públicos: Más allá de las genéricas propuestas lanzadas hasta ahora por algunos grupos políticos de cara a los próximos cuatro años, la política comarcal debe afrontar con decisión muchas cuestiones clave, si de verdad se persigue la sostenibilidad ambiental y la defensa de los recursos públicos por encima de los intereses empresariales privados.

a) Residuos: debe asumirse el principio de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) con apuestas valientes que afronten las 'patatas calientes' heredadas de la pésima gestión anterior. Hay plazos urgentes y directivas europeas que cumplir, y abordar una concienciación ciudadana en el tratamiento de residuos que compete a todos, tarea quizá impopular pero imprescindible. Los grupos políticos no pueden mirar para otro lado por temores electoralistas.

b) Movilidad: en primer lugar debe abordarse en cuanto sea posible la reversión del Transporte Urbano Comarcal, finalizando con las subcontrataciones (ahora para TCC). Además, deben fomentarse las ventajas del uso de la villavesa anteponiéndola al vehículo privado (implantación de una verdadera red de carriles bus por toda la ciudad, etcétera). Además, debe invertirse el porcentaje en el tipo de desplazamientos, en favor del peatón-ciclista, y en detrimento del vehículo, única manera de que la ciudad sea sostenible y con una calidad de vida creciente.

c) Ciclo del agua: en primer lugar, renegociación del canon que se abona por consumir agua de Itoiz-Tiebas, porque es claramente perjudicial para la Mancomunidad. Ha quedado demostrado que es superfluo. La prioridad debería ser aprovechar y optimizar las infraestructuras ya existentes y seguir reduciendo el consumo de agua (y no aumentarlo para justificar infraestructuras innecesarias). Debe impantarse seriamente la reutilización de agua para riego, reduciéndose lo máximo posible el riego con agua tratada para consumo humano.

d) Salesas: su compra obedeció a un oscuro acuerdo entre UPN y PSN dirigido a salvar a Caja Navarra de un fallido pelotazo urbanístico (con un nuevo fracaso, como ha quedado demostrado), lo que ha hipotecado las cuentas de la Mancomunidad. La única salida posible es deshacerse del inmueble, preferentemente con su venta. En su defecto, debería abrirse una ronda con distintas Administraciones para su uso como sede de alguna institución pública (UPNA, dependencias del Gobierno de Navarra o incluso del Estado, etcétera).