La conciliación no es un derecho para el Gobierno Vasco
Además, aunque no aparezca en el Boletín Oficial del País Vasco, el Gobierno Vasco casi pasa por alto que siguen pendientes de cobro un 37% de las peticiones de prestaciones tramitadas el primer trimestre de 2014.
La partida de alrededor de 17 millones de euros se ha agotado antes de cierre de año y el Gobierno Vasco no tiene intención de ampliarla; por el contrario, no ha tenido dificultades para pagar la multa por las vacaciones fiscales, porque, según ha manifestado un portavoz, existía una cantidad que se ha reservado para ello. Además, el ejecutivo se acoge al hecho de que conciliar la vida familiar, laboral y personal no es, en términos legales, un derecho subjetivo de la ciudadanía. A pesar del marco legal, sabemos que fuera del mismo, la demanda social gira en sentido contrario.
Ante este tipo de decisiones políticas y de blindajes legales, sabemos que el argumentario institucional oficial recurre al “no hay más remedio”, “ahora es lo que toca” y “todos nos tenemos que apretar el cinturón”, entre otros. Todo ello ante el actual panorama de precarización de las condiciones laborales y de vida de las/os trabajadoras/es, el desmantelamiento del estado de bienestar y la venta de derechos sociales básicos.
Parece que el límite de la política social del gobierno lo marca el crédito presupuestario, y que las políticas públicas quedan a merced de los mandatos del mercado.
Se clarifican así las prioridades del presente gobierno, que apuesta por cumplir la agenda neoliberal cuando, por ejemplo, se encuentra atrapado en el constante encaje de bolillos presupuestarios y ajustes de déficit y agendas marcadas desde instancias externas.
El supuesto modelo social en el que las personas están en el centro queda en entredicho con este tipo de medidas. La imposibilidad o las dificultades para compatibilizar la esfera productiva y la esfera reproductiva de nuestras vidas no abarca solo el ámbito empresarial o familiar. Se trata de una realidad que plantea cuestiones de fondo en cuanto a una reorganización de los tiempos, la reorganización del mercado laboral y de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, entre otros.
Ante la premura de ajustar déficit presupuestarios, se sacrifica la planificación estratégica de políticas públicas clave en cuanto al bienestar de las personas. Se profundiza, además, en la división sexual del trabajo y en su correspondiente segregación en el mercado laboral.
Por lo tanto, desde el sindicato ELA reivindicamos la creación necesaria de una infraestructura social pública e integral de cuidado. Para ello reclamamos servicios sociales públicos e integrales, bajas parentales individuales e intransferibles y ayudas, prestaciones económicas dignas.
Sí, todo ello, a pesar de la coyuntura actual de desajustes estructurales y de pérdida de derechos. Corremos el peligro de renunciar a una cultura de derechos por otra de prestaciones condicionadas por el mercado.