La Inspeccion de Trabajo condena al ayuntamiento de Durango y a la Asociacion Zabaltzen-Sartu por cesion ilegal de 13 trabajadores/as

09/09/2015
La Inspección de Trabajo ha condenado al Ayuntamiento de Durango y a la empresa Asociación Zabaltzen-Sartu por contratación ilegal, dando la razón a ELA que presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo, tras la contratación en noviembre de 2013 de 13 trabajadores por parte de esta empresa para realizar tareas de albañilería, jardinería y mantenimiento de vías y edificios públicos en esta localidad. La actuación del Ayuntamiento de Durango y la Asociación Zabaltzen es calificada por la Inspección de Trabajo como “muy grave”.

En concreto, el Ayuntamiento de Durango, acogiéndose a la Orden de 17 de octubre de 2013, solicitó a Lanbide, las ayudas destinadas a la dinamización de Planes de Empleo Comarcales, dentro del Programa de Re activación de Empleo 2013-2016, para la rehabilitación de espacios urbanos por un importe de 162.500 euros.

Este personal es contratado para tres meses por la empresa Zabaltzen-Sartu para realizar tareas propias del personal de la Brigada de Obras, aunque ésta Asociación no se dedique al mantenimiento de vías o edificios públicos, ni tampoco a obra civil o a la jardinería. En opinión de ELA, constituyó un claro ejemplo de cesión ilegal de trabajadores, agravado por el hecho de que en la plantilla estructural de la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Durango existían vacantes sin cubrir. Los empleos temporales que se subvencionaban no iban a ser nuevos puestos de trabajo, sino empleos ya existentes.

Para ELA, el motivo para esta contratación por la Asociación Zabaltzen y no por el Ayuntamiento, como queda suficientemente demostrado en las gestiones realizadas por la institución, no era otro que el abaratamiento de los costes salariales, ya que a los nuevos trabajadores se les aplicó el convenio de la construcción Bizkia, en lugar del convenio vigente en los ayuntamientos Udalhitz.

Para ELA, lo ocurrido en el Ayuntamiento Durango, que contó con el aval del Consejo de Administración de Lanbide, pone en cuestión las política de empleo de algunas instituciones, que intentan hacer creer a la gente que les importa el empleo. Por el contrario, fomentan la precariedad laboral y la destrucción de empleo de calidad. Este caso, evidencia que estos planes de empleo no sirven para el objetivo de creación de empleo.

En este sentido, recuerda que ELA criticó las condiciones para acceder a los planes de empleo comarcales y zonas deprimidas elaborada por Lanbide en el año 2012 y que posteriormente fue sustituida, tras el cambio de Gobierno por las ayudas destinadas a la dinamización de Planes de Empleo Comarcales, dentro del Programa de reactivación de Empleo 2013-2016, y que consta con un presupuesto de 20 millones de euros para el año 2015.

ELA exige un cambio radical de las políticas de empleo, para ello se debe romper con las políticas de recorte que vienen aplicando las distintas instituciones ( Gobierno Vasco, Diputaciones e instituciones locales) que están destruyendo empleo y apostar por la craecaión de empleo digno y de calidad.