La negativa a la Reforma Laboral aprobada hoy es la garantía para la negociación

28/12/2021
El Gobierno español ha aprobado hoy por Decreto la reforma laboral acordada con CEOE, UGT y CCOO. La aprobación por decreto es un fraude democrático, que no tiene otro fin que presionar a otros partidos políticos en el Congreso y limitar el debate. El Gobierno en el último año ha renunciado al reconocimiento de la plurinacionalidad sindical y ha renunciado, a su vez, a trabajar con los agentes y partidos que pueden estar de acuerdo con la derogación de la reforma laboral, por lo que no se ha reunido cuando se le ha solicitado con ELA, CIG e Intersindical catalana. El reconocimiento del derecho de veto de la CEOE ha supuesto eso y, de no renunciar a ese veto, no será posible llevar a cabo cambios estructurales a favor de los trabajadores y las trabajadoras en los próximos años.

Tras analizar detenidamente los cambios introducidos, la lectura es aún más brutal. A cambio de aprobar pequeñas mejoras en la temporalidad, se han aprobado las bases de la legislación anterior, los despidos fáciles y baratos, la posibilidad de que las empresas cambien las condiciones laborales unilateralmente y la posibilidad de que los convenios estatales prohíban otro tipo de negociaciones.

Asimismo, ELA está sorprendida por la actitud de Confebask. En 2017 fue un agente activo en la CAPV a la hora de acordar un Acuerdo Interprofesional a favor de la prioridad de los convenios de aquí, en esta ocasión no ha dicho nada en defensa de nuestro marco de decisión dentro del CEOE. Cuatro patronales se han enfrentado a la dirección de la CEOE en esta reforma laboral, Confebask no ha sido una de ellas y ha dado más importancia al consenso interno de la CEOE que a ser coherente con sus anteriores posiciones.

ELA considera que la principal garantía para los cambios en profundidad es la negativa a este Decreto en el Congreso y el inicio de las negociaciones sin la influencia de la CEOE. No se puede aprobar una reforma laboral que no altere la regulación de los despidos o que permita la imposición de convenios estatales.