Manifestación en Donostia de las huelguistas de la residencia San Juan de Zumaia
A pesar de que la residencia es de titularidad pública, las 52 trabajadoras, incluida la dirección, pertenecen a la empresa Zaintzen S.A. Y esta forma parte de la multinacional Clece.
El convenio de las trabajadoras está sin renovar desde 2016 y no han tenido ningún incremento salarial. En esos años, han perdido un 11% de poder adquisitivo y reciben 6.000 euros al año menos que en otros servicios públicos que están masculinizados y subcontratados. Sin embargo, entre 2019 y 2021, Zaintzen S.A. obtuvo unos beneficios netos de 2,7 millones gestionando dinero público.
La plantilla ha realizado ya 262 jornadas de huelga por un nuevo convenio. Y hay que recordar, además, que en los dos últimos años ha habido una pandemia que provocó un incremento en la carga de trabajo del sector de las residencias, además de un aumento enorme en los problemas físicos y psicológicos de las profesionales.
Estas condiciones laborales tan precarias provocan una disminución de la calidad del servicio, lo cual preocupa mucho a la plantilla. Ha habido recortes, tienen menos alimentos frescos en la cocina y las reparaciones que hay que hacer en el edificio no se están realizando.
El edificio, en muy malas condiciones
Tramos del tejado y de terrazas se han caído en los últimos meses y, cuando llueve, entra agua en el edificio. También hay cucarachas, pero hace tres años que no fumigan tanto como debieran. Todo esto conlleva riesgos para trabajadoras y residentes.
Aunque la Diputación da por resuelto el conflicto, las trabajadoras siguen reclamando una zona de trabajo más segura, un aumento de plantilla y la firma de un convenio digno. Por ello, ELA le hace un llamamiento a la institución Foral para que acabe con la falta de control del dinero público y dé pasos para destinar el dinero a servicios que mejoren las condiciones laborales de las trabajadoras y mejoren la calidad de vida de las y los residentes.