Mitxel Lakuntza: “El pacto de rentas de Urkullu busca proteger los beneficios empresariales a costa de la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora"
ELA ha presentado hoy su análisis de coyuntura socioeconómica, y su secretario general, Mitxel Lakuntza, ha denunciado que frente al proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora que está impulsando la patronal con el apoyo del Gobierno Vasco y el de Navarra, ELA va a defender el control de precios, el aumento de los impuestos sobre los beneficios y el capital y el incremento de los salarios como mínimo al ritmo del IPC. Lakuntza ha realizado estas afirmaciones basándose en los datos del documento presentado por Mikel Noval (responsable del Gabinete de Estudios de ELA), junto a las propuestas concretas que desgranó la responsable de Acción Social, Leire Gallego.
Devaluación salarial
Mikel Noval ha asegurado que se está acelerando el proceso de empobrecimiento de la mayoría de la población, tal y como demuestra el documento presentado. Mientras que los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales están perdiendo poder adquisitivo, las empresas están aumentando sus beneficios, especialmente las grandes empresas, como se pone de manifiesto con los datos del Ibex 35. “Estas empresas batieron en 2021 todos los récords, con beneficios de más de 60.000 millones de euros, un 64% más que la media de los cinco años anteriores, sin tener en cuenta el año de la pandemia. Por si esto fuera poco, en el primer semestre de 2022 han mejorado sus beneficios en casi el 8%”.
Ante esta realidad, Mitxel Lakuntza ha recordado que incluso se habla de ‘extraordinarios beneficios ordinarios’, normalizando dichos beneficios. Todo ello con la colaboración de los Gobiernos: “Las únicas medidas adoptadas por el Gobierno Vasco y de Navarra son aquellas que benefician a los intereses de las empresas, no a la clase trabajadora”.
En ese sentido, afirma que la única vocación de la patronal es la bajada salarial. Teniendo en cuenta la actual inflación, el secretario general afirma que la patronal busca mermar en un 7% el poder adquisitivo de la clase trabajadora. “Porque de media en todos los sectores donde estamos negociando propone una subida de tan solo un 3%”. Además, con el casi el 60% de los convenios por renovar, “a la patronal le basta bloquear las negociaciones de los convenios para que se dé esa devaluación”.
Asimismo, el secretario general ha recordado que el pacto de rentas propuesto por el Lehendakari Urkullu es un pacto que busca proteger los beneficios empresariales a costa de la bajada de los salarios, y asegura que “existe una estrategia compartida” por parte del Gobierno Vasco y la patronal para devaluar los salarios. Ha recordado que al igual que la patronal, Lakua ha aplicado una subida salarial a sus empleados públicos del 2%, muy inferior al IPC.
Por su parte, Noval ha destacado que la inflación elevada es un elemento estructural, y no se debe a la guerra de Ucrania. “Las empresas están trasladando los aumentos de costes a los precios, por eso el IPC está disparado en la energía, en los alimentos y en todos los productos. Además, la subida de los tipos de interés va a suponer una nueva vuelta de tuerca en la política de empobrecimiento, pero para la banca va a suponer un importante aumento de los beneficios. Respecto a los próximos meses, Noval ha recordado que la situación no va a ser mejor que ahora, ni en lo que se refiere a la inflación ni en lo tocante a los tipos de interés, que van a seguir subiendo”.
Propuestas de ELA
Ante esta situación, Leire Gallego ha señalado que ELA exige medidas para revertir el proceso de empobrecimiento, y medidas dirigidas a cambiar de raíz el modelo económico y social. Entre estas propuesta destaca la de garantizar el poder adquistivo de los salarios y las pensiones. “Los convenios colectivos deben garantizar la subida salarial al menos equivalente al IPC del ejercicio anterior, como está ocurriendo en sectores como el Metal de Gipuzkoa, la Construcción o el sector de alojamientos de ese mismo territorio”.
Gallego ha abogado por un cambio sustancial de las políticas públicas de la CAVP, para, entre otras medidas, “revertir de manera inmediata los recortes de entre 250 y 300 euros mensuales que se vienen aplicando en la actualidad en las prestaciones sociales, topar el precio de la electricidad, el gas o los combustibles, establecer el derecho a la energía como derecho universal a un precio social, reducir el precio del transporte público de manera permanente o una reforma fiscal para imponer un tipo mínimo efectivo del 25% sobre los beneficios del ejercicio, sin excepciones”.