Accidente laboral mortal

Muere un trabajador de una subcontrata de Telefónica al caer desde 8 metros

15/10/2024
En el sector de las telecomunicaciones, las empresas utilizan cadenas de subcontratación para aumentar sus beneficios, mientras las medidas preventivas se quedan en el papel. ELA pide a los partidos políticos que negocian los presupuestos medidas de control concretas, entre ellas triplicar la plantilla de la Inspección.

El pasado 16 de septiembre, un trabajador de la constructora Imirizalcu falleció en Lumbier, tras caer de un andamio. El 27 de septiembre, un transportista autónomo falleció en la carretera, en Lodosa. El 7 de octubre, un trabajador de la empresa Elaborados Naturales de la Ribera falleció al ser atropellado por una máquina en Funes. Y esta mañana, un trabajador de la empresa Netzero ha fallecido al caer de un poste, en Olleta (Leoz). Ante esta sangría, ELA quiere mostrar su solidaridad con las personas allegadas y compañeras de los fallecidos.

En 2024, 44 personas han fallecido en sus puestos de trabajo en Hego Euskal Herria, 16 de ellas en Navarra. Este territorio tiene las peores tasas de siniestralidad, y en los últimos tiempos está batiendo récords, para mal. Aunque se pueden evitar con medidas básicas, las caídas en altura y los atrapamientos son las principales causas de estas muertes, y además, según datos oficiales, la mitad de los muertos o heridos graves en el trabajo se producen por falta de medidas de seguridad.

La empresa Telefonica-Movistar, a pesar de sus millones de euros de beneficio anual, utiliza interminables cadenas de subcontratación para reducir costes y aumentar al máximo el resultado económico. En este caso, las empresas Netzero y Elecnor formaban parte de esa cadena. En este tipo de subcontratación, la prevención no se hace, o si se hace, se queda en el papel. Y esto está ocurriendo ante la pasividad de las instituciones públicas, cuando el ISPLN y la Inspección de Trabajo están casi en colapso por falta de medios.

ELA quiere denunciar que detrás de esta situación están la impunidad de la patronal y la complicidad del Gobierno de Navarra. Las empresas llevan 30 años incumpliendo sistemáticamente la normativa de prevención de riesgos laborales, y el Gobierno se niega a disponer de los medios de inspección necesarios para controlar estos incumplimientos, mientras destina el dinero público a un Diálogo Social totalmente ineficaz.

Por ello, ELA insta a los partidos políticos que están negociando los presupuestos de 2025 a que dejen de financiar la ineficaz figura del Delegado Territorial de Prevención, y posibiliten medidas concretas para controlar los incumplimientos que se vienen dando en los centros de trabajo de Navarra, entre ellas el triplicar la plantilla de la inspección de trabajo.