No se puede hacer negocio con el cuidado de las personas mayores

29/09/2020
Tras las declaraciones del Diputado General de Alava, Ramiro González, en las que apela a un “cambio profundo en el sistema de servicios sociales”, ELA insiste en que no es posible un cambio asistencial con las políticas de privatización que se han llevado y se siguen llevando a cabo. En opinión del sindicato, un cambio en el sistema residencial solo será posible con un incremento de ratios, unas condiciones de trabajo dignas y una apuesta clara por la publificación del sector. Asimismo, el sindicato resalta que en las residencias privadas de Alava, financiadas con dinero público, el sueldo de las trabajadoras no llega a mil euros mensuales .

El sector de los cuidados es un sector que no está reconocido ni económica ni socialmente. Un sector feminizado, precario y sin recursos suficientes para llevar a cabo una atención individualizada de las usuarias y usuarios.

Desde ELA, en enero de 2019, se denunció la falta de personal y los ratios marcados por el DECRETO 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicho decreto ataca directamente a la atención diaria que se ofrece a nuestros mayores. Atención directa que no llega a 2 horas diarias en ninguno de los territorios.

Para poder llevar a cabo una atención individualizada hace falta más recursos, más personal y más inversión. No podemos olvidar que se trata de un servicio esencial que no se puede mercantilizar, tal y como hasta ahora. Además, es importante recalcar que el aumento de perfiles de dependencia y necesidades provocadas por el envejecimiento de la población hacen necesaria una revisión en los ratios de personal.

No se puede hacer negocio con los cuidados de lxs mayores, pues mientras unos se enriquecen a costa de los cuidados, las trabajadoras, cada vez más precarias, ven diariamente cómo no puede dar una correcta asistencia.

Hoy en día, en las residencias privadas de Alava, financiadas de manera directa o indirecta con dinero público, la situación de las trabajadoras es totalmente precaria; se trabaja de lunes a domingo, con enormes cargas de trabajo, y el sueldo no llega a los 1.000 euros. Los responsables son las empresas subcontratadas de este servicio público, pero también la Diputación Foral de Álava, que es la responsable última y la que hace posible la financiación.