Paz social con precariedad laboral
CCOO y UGT han firmado nuevamente un Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) con CEOE y CEPYME, con vigencia entre 2018 y 2020. Estos acuerdos únicamente ofrecen una imagen de acuerdo social, sin que ello suponga ninguna obligación para las empresas.
Meras recomendaciones salariales, desligadas del IPC y con un salario mínimo insuficiente.
El acuerdo salarial, además de ser una mera recomendación, establece una referencia reivindicativa muy negativa para el conjunto de la negociación colectiva. Se habla de subidas salariales “alrededor del 2%”, desligadas del IPC, en un momento en el que éste está elevándose y ya se encuentra en el 2%. Por lo tanto, están dando por buenos incrementos que, con toda probabilidad, supondrán pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y las trabajadoras. Además, la evolución del IPC para los próximos años es imprevisible, con lo que desligar los salarios a los precios puede tener consecuencias muy negativas en los salarios. Todo ello en un contexto en el que hemos superado el nivel de riqueza previo a 2008 y, sin embargo, el conjunto de la riqueza generada ha ido a parar a las rentas del capital, aun habiendo tenido tasas de aumento de la productividad muy importantes.
Asimismo, la recomendación del salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales es muy inferior a los 1.200 euros que la mayoría sindical vasca se ha marcado como referencia. CCOO y UGT se han arrogado el conjunto de la representación sindical y pretenden limitar nuestra capacidad de negociación, en este caso marcando un referente de salario mínimo que no se corresponde con las necesidades y la voluntad de la clase trabajadora vasca.
Un balón de oxigeno a Sánchez para mantener las últimas reformas laborales.
Por otro lado, este acuerdo tampoco marca ninguna referencia crítica real con las últimas reformas laborales, ni acuerda medidas para paliar su consecuencia más brutal, la precariedad. La apelación a mantener la vigencia de los convenios mientras exista voluntad de renovación sigue dejando en manos de la patronal la vigencia. El acuerdo directamente dice que “cada una de las partes puede decidir que la negociación está agotada y, por tanto, instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario”. De facto está afirmación supone renunciar a la movilización y la huelga, en un contexto en el que la patronal ha precarizado la calidad del empleo de forma brutal. En todos los convenios sectoriales firmados por ELA este año hemos acordado la ultraactividad indefinida y la prohibición de la inaplicación unilateral de las empresas, mientras que los sindicatos y patronales estatales renuncian a estas reivindicaciones.
La única referencia a modificar las últimas reformas laborales es la apelación a regular la subcontratación, pero dando por buena su existencia al ser “procesos fundamentales a la especialización productiva”. Al centrar todo el problema de la reforma laboral en esta cuestión, CCOO y UGT quitan toda la presión al Gobierno para que cumpla el compromiso que había adquirido, derogar el conjunto de la reforma laboral de 2012. Por ello, el acuerdo supone un respaldo a la intención del Gobierno español de mantener las partes sustanciales de la última reforma laboral. Resulta muy grave llegar a un acuerdo sobre negociación colectiva con una patronal a la que el Gobierno de Sánchez ha ofrecido capacidad de veto para reformar el mercado laboral, al situar el consenso como punto de partida de cualquier cambio, y que no tiene ninguna intención de modificar esta regulación laboral con la que tan cómoda se siente. Con este acuerdo CCOO y UGT aceptan la capacidad de veto de la CEOE.
No existe la brecha salarial y se busca la financiación mediante la formación.
El acuerdo no hace ninguna mención al término brecha salarial y las medidas que recoge van a perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres. Para ELA lo más grave es la renuncia a abordar la brecha salarial desde la negociación colectiva.
Asimismo, los firmantes solicitan al Gobierno que “defina con mayor concreción las tareas y funciones a realizar por los interlocutores sociales” en la formación continua, o lo que es lo mismo, solicitan recuperar el protagonismo en la impartición de cursos y la financiación que recibían con anterioridad.
Queremos autonomía para atacar la precariedad.
La clase trabajadora vasca ha mostrado una voluntad reivindicativa muy diferente al haber otorgado su representación mayoritaria a ELA; no vamos a aceptar injerencias en nuestra estrategia de negociación colectiva que supongan degradar nuestro pulso reivindicativo y dar por bueno un mercado laboral cada vez más precario. CCOO y UGT aceptan otorgar paz social sin que exista una contrapartida por parte de la patronal, sin compromisos para acabar con la precariedad. Esto es la estatalización de la negociación colectiva.
Este acuerdo es un nuevo ejemplo de un modelo de concertación social agotado, en el que se ofrece paz social a la patronal, al tiempo que extiende la precariedad laboral. Así fue con los anteriores acuerdos y así será con éste también. ELA seguirá llevando adelante una negociación colectiva centrada en acabar con la precariedad laboral centro a centro, sector a sector, y no vamos a regalar paz social a una patronal que precariza nuestra vida. El tipo de negociación colectiva que propugnamos es muy exigente para los sindicatos, exige mucha cercanía a los centros de trabajo y medios materiales para soportar los conflictos necesarios para cambiar la voluntad empresarial; ELA ha aceptado este reto.