PNV y PSE-EE desprecian la representación sindical elegida por la clase trabajadora vasca

04/09/2018
ELA recibió por correo el día 23 de julio el Proyecto de Decreto por el que el Gobierno Vasco pretende regular la institucionalización del diálogo social en la Comunidad Autónoma. El Proyecto plantea que basta un solo sindicato para que la patronal y el Gobierno puedan adoptar cualquier acuerdo. En opinión de ELA, se desprecia la realidad del sindicalismo vasco. “Supone un paso más para tratar de restar efecto a los resultados democráticos de las elecciones sindicales, marginando al sindicalismo reivindicativo”. ELA responsabiliza al Lehendakari de esta propuesta profundamente antidemocrática.

El Secretario General, Adolfo Muñoz “Txiki” y Amaia Aierbe y Mikel Noval, miembros del Comité Ejecutivo, han comparecido esta mañana en Bilbao para denunciar “un pucherazo”, que “desprecia la mayorias sindicales existentes en la CAPV”. Para ELA, no es anecdótico que el Gobierno elija fechas estivales para plantear estas materias; no es la primera vez: ya lo hizo hace dos años, también a finales del mes de julio, cuando acordó con Confebask, CCOO y UGT apoyar los acuerdos en minoría en la negociación colectiva.

Por otra parte, las funciones establecidas para la mesa de diálogo social se limitan a un reducido ámbito. Queda al margen, por ejemplo, la política fiscal y presupuestaria. La limitación de temas tiene que ver, en nuestra opinión, con la posición que el Gobierno Vasco otorga al movimiento sindical, al que niega la posibilidad de debatir y negociar sobre temas que consideramos esenciales. Esta concepción del diálogo social, totalmente devaluada, tiene que ver con cómo el Gobierno entiende el papel que corresponde a los sindicatos. Ya en 2014, en un documento elaborado por el propio Gobierno, defendía que los sindicatos tenemos una responsabilidad “indeclinable”: compartir las políticas que hace el Gobierno.

El Gobierno limita la función de la Mesa a proponer modificaciones, sugerencias o aportaciones “sobre aquello que se le traslade”, dejando claro que la ausencia de acuerdo “en ningún caso impedirá o suspenderá la tramitación” de la disposición de que se trate.

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