Sindicatos de Euskal Herria, Galicia y Cataluña exigen una agenda social y el derecho a decidir
En un comunicado conjunto han destacado que “en nuestras naciones asistimos a un proceso constante de precarización laboral y social que se extiende a todos los ámbitos de la vida. Creemos que el sistema actual no es sostenible. Esto se debe a la obstinación de los gobiernos en las políticas de austeridad, una agenda neoliberal que deja de lado la urgente transición social, ecológica, feminista y democrática del propio sistema, compartida además por los gobiernos autonómicos”.
Como sindicatos de tres naciones sin estado, han querido compartir la preocupación por la crisis del estado español, destacando por un lado el auge de la extrema derecha y el deslizamiento hacia el autoritarismo de buena parte del el arco político. Por otro lado, han denunciado la inexistencia de una solución política en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.
También se han referido al acuerdo de Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Los máximos representantes de ELA, LAB, CIG y CSC –Mitxel Lakuntza, Garbiñe Aranburu, Paulo Carril y Carlos Sastre, respectivamente– han reivindicado cuatro puntos:
- Una agenda social inequívoca que pasa por revertir las reformas de pensiones y las reformas laborales, además de la extensión de políticas que garanticen la igualdad de género, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, los servicios públicos, la protección y los derechos sociales y una transición energética territorial y socialmente justa.
- Reclamar el derecho a decidir en nuestro ámbito el modelo de relaciones laborales, pensiones y el sistema de protección social. Se debe reconocer el derecho a negociar las condiciones de trabajo en nuestros respectivos países, derogando las reformas de la negociación colectiva que han dado alas a la estatalización de las relaciones laborales, y, con ello, a dar más amplitud a la precariedad y a los bajos salarios.
- Una agenda democratizadora amplia, dentro de la cual debe derogarse inmediatamente la ley mordaza y el artículo 315.3 del código penal que criminaliza el movimiento social y sindical, la huelga, la protesta y la reivindicación.
- La primacía de la política para resolver los conflictos nacionales, que confrontan a nuestras naciones con el Estado, lo que supone acabar con la judicialización de la política, poner en libertad a las y los presos políticos catalanes, poner fin a la política penitenciaria de excepción que se les aplica a las y los presos políticos vascos y gallegos, y reconocer el derecho a la autodeterminación.
Las organizaciones firmantes se han mostrado convencidas que sólo una agenda de esta naturaleza, ambiciosa y audaz, podrá poner freno al auge del neofascismo que se extiende en Europa y en el Estado español. “Somos conscientes de que también los sindicatos tenemos una importante función democratizadora. Creemos en el valor civilizatorio de la lucha, del sindicalismo combativo, del impulso organizado y militante de la clase trabajadora. Tenemos el convencimiento de que el denominado diálogo y concertación social no son las vías de solución ante esta grave realidad, más bien al contrario, pretenden la domesticación y desmovilización ante las injusticias”.
“El auge –añade el comunicado– que numerosas luchas están conociendo en estos tiempos (pensionistas, feminismo, movimiento climático, conflictividad laboral y huelgas...) alimentan lo mejor de la sociedad, ya que prestigian referencias solidarias frente al aislamiento y la individualización propugnada por el capital”.
Por último, los sindicatos que se han reunido en Bilbao han destacado su intención de cambiar de raíz el actual sistema, comprometiéndose a seguir luchando por un modelo basado en la justicia social y ecológica, el feminismo y en un reparto más equitativo del trabajo y de la riqueza.
“Es necesario avanzar en democracia y soberanía, para que se nos permita construir un espacio socioeconómico propio, con capacidad de decidir sobre nuestros recursos. Es necesario hacer real un desarrollo económico sostenible en un marco propio de relaciones laborales y de protección social en cada una de las naciones que representamos”.