Un SMI vasco y una fiscalidad que grave el capital para reforzar los servicios públicos

INTERVENCIÓN COMPLETA DE LAKUNTZA

En este sentido, Lakuntza ha anunciado que “ELA va a hacer política, igual que Iberdrola, Petronor o las patronales; pero en la dirección opuesta. Porque creemos en la política, especialmente en la política que no se hace, la que debería ser un instrumento para mejorar las condiciones de vida de la gente. En cambio, la prioridad de la política en las instituciones es no molestar al poder político y empresarial”.

Muy al contrario, Lakuntza concluyó que “el reparto de la riqueza no es algo pacífico; nadie renuncia porque sí a sus privilegios”. Por ello, subrayó que “la propuesta política que ELA trae hoy interpela directamente a los partidos políticos de nuestro país; aquí no cabe la equidistancia, porque si no se apuesta por mejorar los salarios y repartir la riqueza, la desigualdad va a seguir aumentando”.

Josu Jon Imaz y el lehendakari

Como ejemplo, citó el caso de Repsol: “Según su consejero delegado, Josu Jon Imaz, tributar un 10% de sus 3.000 millones de beneficios por el impuesto energético pone en riesgo inversiones y miles de empleos; al mismo tiempo, el plan de Imaz para 2024 es repartir 10.000 millones entre sus accionistas. ¿Y esto no es una amenaza para la cohesión y la igualdad social?”. “Lehendakari: menos servilismo ante las grandes empresas y más preocuparse para que paguen al menos un 25% de sus beneficios”.

Asimismo, el secretario general de ELA fue muy crítico con acuerdos políticos como el de la ponencia fiscal de Gipuzkoa (PNV, EH Bildu, PSE): “Dan por bueno lo hecho hasta ahora en fiscalidad, y no se comprometen a ningún cambio para recaudar más y mejorar los servicios públicos: ELA no entiende que partidos de izquierda se empeñen en edulcorar la realidad para ocultar que han decidido no cambiarla”.

También intervino Leire Gallego (responsable de Acción Social), que describió la situación de emergencia social: “El precio de los alquileres ha aumentado un 28% desde 2014. Mientras, hay 70.000 viviendas deshabitadas (unas 25.000 en Nafarroa y 50.000 en la CAPV). Estamos seguras de que las grandes movilizaciones por la vivienda también llegarán a Euskal Herria, y ELA llevará sus reivindicaciones a la calle: reconocer el derecho subjetivo a la vivienda, paralización de los desahucios, movilizar las miles de viviendas deshabitadas, aumentar el parque público y declarar toda la CAPV y Nafarroa como zonas tensionadas”.

Leire Gallego también se preguntó “quién pone en peligro la cohesión y el bienestar social. ¿Las personas migrantes que se juegan la vida por un futuro mejor o las grandes empresas? El fascismo se combate con buenas políticas de vivienda, mejores servicios sociales y servicios públicos de calidad”. Estuvo acompañada por el testimonio de una delegada de ELA en residencias, Karla Vidal: “En 2023 hicimos una huelga feminista general para exigir un sistema de cuidados público, universal, gratuito, de calidad y corresponsable, pero los gobernantes siguen aprovechando los cuidados para hacer negocio y privatizarlo, primando el interés de las empresas”.

Aitor Murgia (responsable del Gabinete de Estudios), por su parte, recordó que “el sistema fiscal está diseñado para que las empresas tributen poco o nada. Gracias a las deducciones y a la ingeniería fiscal, las empresas en la CAPV solo pagan de media el 9% sobre sus beneficios, cuando debería ser el 25%. Una vez más, hay que recalcar que el impuesto de sociedades se paga únicamente sobre los beneficios. No sobre facturación. Es decir, que tampoco es para tanto, y en ningún caso afecta a la viabilidad de ninguna empresa”.

Así las cosas, Murgia advirtió de que “estamos a las puertas de una reforma fiscal y las instituciones y los partidos van allanando el terreno para hacerla al servicio de la patronal”. Frente a ello, recordó que “no habrá justicia social sin un sistema fiscal justo y progresivo”.

A Ane Zelaia (responsable de Sindicalización) le correspondió presentar la propuesta de SMI que ELA reivindica para Hego Euskal Herria, consistente en un nuevo cálculo (el 65% del PIB per capita de la CAPV y Navarra) que garantice un efectivo reparto de la riqueza entre las rentas de trabajo y de capital, y que no se limite -como hasta ahora- a un mero indicador comparativo entre salarios. “Dicho cálculo supone 1.795 euros mensuales para 2024”, dato que habrá que ir actualizando cada año. “Esta reivindicación es perfectamente alcanzable: en Europa, países con un nivel económico similar al nuestro, tienen SMI más altos: Alemania (1.981 euros), Bélgica (1.955), Países Bajos (1.934) o Francia (1.709)”.