100.000 vidas sin casa, ¿hasta cuándo?

Desde otros ámbitos políticos se utiliza la vivienda para crear miedo con la mal llamada “ocupación”, criminalizar a colectivos migrantes y ya de paso, beneficiar a las empresas que mercantilizan nuestra seguridad. Para sorpresa de nadie, Securitas Direct (dedicada a la venta e instalación de alarmas para hogares y empresas) batió récord de facturación en 2020 hasta los 820 millones de euros.

Fue ese año, en 2020, confinamiento de por medio, cuando se empezó a orquestar desde la derecha política y sus medios afines una estrategia del miedo para hacernos creer que cuando nos íbamos a comprar el pan nos podían ocupar la casa. Se trataba de otra campaña más para criminalizar la pobreza. Un bulo mezquino contra las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el Estado español hay 3 millones de viviendas vacías, de las cuales 4.000 se encuentran ocupadas (el 0,1% del total). Sin embargo, de esas 4.000, solo 600 no están en manos de bancos o fondos de inversión. En fin, de esas 600 viviendas ocupadas no hay ni una sola que sea primera vivienda, sino que están vacías destinadas al alquiler.

Esto demuestra que se magnifican y se exageran datos para crear un problema que realmente no existe. El problema real es que la pobreza y las desigualdades van en aumento y que esto dificulta enormemente el acceso a una vivienda. En abril del 2022 ELA publicó un informe sobre la vivienda en Hego Euskal Herria, donde se recogía que en nuestro territorio había más de 80.000 viviendas vacías y 100.000 personas que no podían emanciparse. No es de extrañar, teniendo en cuenta que el porcentaje del PIB que se destina a políticas públicas de vivienda en la CAPV y en Nafarroa es de 0,20 y 0,29 respectivamente.

La práctica ausencia de vivienda pública hace que alrededor de 1.500 personas se vean obligadas a vivir en la calle en Hego Euskal Herria. El peligro de que esta cifra aumente es objetivo, y lo podemos constatar con las malas prácticas como la entrega por parte del Gobierno español de la Sareb (el llamado banco malo creado con dinero público) a los fondos buitre Blackstone e Hipoges, o la realizada por bancos como Kutxabank. Hace dos meses, Stop Desahucios denunció que Kutxabank había vendido 2.500 deudas hipotecarias a un fondo buitre de Irlanda por 250 millones de euros. Son hipotecas que Kutxabank considera casi imposible cobrar y las vende a un precio muy inferior. Además, el fondo receptor de la deuda no está atado por el código de buenas prácticas bancarias. Es decir, el peligro de desahucio aumenta. Si esta es la marca vasca, no la queremos.

El acceso a la vivienda se complica sobre todo para mujeres y personas migrantes. Las mujeres, debido a la brecha salarial, cobran 6.000€ menos que los hombres al año, lo que supone prácticamente el pago de 6 meses de alquiler. Para las personas migrantes, porque simplemente por su color de piel, su acento o su forma de vestir les cierran las puertas de cualquier casa, y no son bienvenidas en las inmobiliarias. Únicamente el 17% de las personas migrantes consiguen acceder a una vivienda a través de inmobiliaria.

Todo ello en un contexto donde se promulga la turistificación para acelerar la mercantilización de la vivienda y del espacio público, así como la terciarización de la economía (más empleo en el sector servicios, donde los salarios son más bajos y aumenta la dependencia de capital externo, reduciendo así la soberanía del territorio). Se alimenta así la centrifugadora social que es la gentrificación, para asumir lo que decía el alcalde de Donostia Eneko Goia: “Querer envejecer en tu barrio es un poco exquisito”.

ELA denuncia la agresión mercantilista que viene padeciendo la vivienda, y también la ofensiva jurídica contra todas las organizaciones que la combaten mediante la organización y la protesta social. El endurecimiento del Código Penal presentado por el PSOE y ERC y apoyado por Podemos, PNV y EH Bildu, limita y criminaliza, entre otras, la lucha por una vivienda digna, mientras defiende la especulación de la propiedad privada de bancos y fondos buitre.

Ante este contexto injusto, como sindicato de clase, concienciado no solo por la mejora de las condiciones laborales, sino sociales y de vida, el compromiso de ELA es continuar tejiendo alianzas con aquellas organizaciones que tienen las mismas preocupaciones, para llenar las calles y seguir interpelando al poder político y empresarial que luchan de la mano contra la mayoría social.