Cuando el político dice "austeridad", significa "privatizar"
“Se trata de un plan que va justo en la dirección equivocada. ¿Por qué hace esto el Gobierno británico? El motivo real tiene mucho que ver con la ideología: los conservadores están utilizando el déficit como excusa para reducir el Estado del bienestar”, sentencia Krugman.
Las durísimas medidas que el gobierno británico está adoptando en el ámbito de los servicios públicos, nada tienen que ver con los problemas de su economía y no se van a resolver porque se destruyan empleos públicos. Las decisiones de los dirigentes políticos británicos, aparentemente neutras, responden a una marcada ideología conservadora, y esconden el más brutal ataque contra el Estado del bienestar.
Esto es precisamente lo que están liderando los gobiernos de Hego EuskalHerria. Primero fue el recorte salarial, argumentando que era el aporte solidario a la situación de crisis que se llevaba tiempo padeciendo en el sector privado. Después vino el recorte de plantillas con amortizaciones de plazas y un recorte brutal en las sustituciones, tanto en la CAPV como en Nafarroa. Este recorte afecta a unas plantillas ya mermadas que no pueden hacer frente a la ya excesiva carga de trabajo del día a día, con especial incidencia en sanidad y educación, lo que ha llevado a los y las trabajadoras a movilizarse.
Si estas medidas, tomadas bajo el pretexto de la crisis, no van a contribuir a mejorar la situación, ¿por qué se toman? Porque responden a una ideología capitalista extrema que tiene como objetivo que el mayor número de servicios públicos pase a manos privadas.
LAS POLÍTICAS DE RECORTE ESCONDEN UNA IDEOLOGÍA ULTRACAPITALISTA QUE BUSCA PRIVATIZAR LO PUBLICO
Un ejemplo de esto es la cruzada que el Gobierno Vasco, a través del Viceconsejero de Función Pública, pretende emprender en contra de los empleados públicos. Son los mismos que firmaron el Acuerdo de Mesa General para incumplirlo a los 5 meses, recortando salarios y destruyendo empleo público. Ahora su arma es el absentismo. Manipulan los datos, situando el absentismo en un 10%, aunque el absentismo real (enfermedad, accidentes y bajas maternales) no llega al 6%. El viceconsejero habla de los empleados públicos como trabajadores y trabajadoras que trampean, “que presentan bajas con apariencia de legalidad, pero que esconden muchos abusos”. Estas palabras constituyen un insulto para quienes día a día se dejan la piel en su trabajo pese a los recortes, la falta de medios y de planificación. Pero esto no importa, porque su mensaje, en una sociedad machacada por los expedientes de regulación, la amenaza de despido o una reforma laboral salvaje, cala: “las y los funcionarios son unos privilegiados. Son caros e ineficientes. Hay que acabar con ellos”.
En Nafarroa tenemos el Plan Moderna, último “producto” del diálogo social. Sus firmantes: UPN y PSN, el Opus Dei, UGT y CC.OO, han ideado la forma de poner en manos privadas la gestión de determinadas políticas públicas. Este Plan dibuja la Navarra del 2030 y para ello crean una Fundación privada, financiada con dinero público. El Plan Moderna, entre otras cuestiones de calado, busca impulsar un cambio en la esencia misma de la función pública y plantea “suprimir el carácter vitalicio de los funcionarios”.
Desatada la polémica, cuando ELA dio a conocer este punto en un informe de su Gabinete de Estudios, el Director General de Política y Promoción Económica del Gobierno de Navarra explica que “la frase puede ser desafortunada”, pero mantiene que “es preciso una reforma en profundidad de la administración”. Y se pregunta, ¿por qué se va a tener el puesto de trabajo vitalicio a costa de los impuestos de todos?” En cualquier caso, aclara, “esto no significa que se vaya a hacer de inmediato, que las medidas que se tomen respecto al carácter del puesto no van a afectar los actuales funcionarios”.
Coincidencia sorprendente con las declaraciones efectuadas por algunos altos responsables de la CEOE que piden con claridad “que se aplique a los nuevos funcionarios una estabilidad en el trabajo similar a la de la empresa privada”. Da igual que estos funcionarios se dediquen a la sanidad, la educación o la concesión de subvenciones, becas o permisos. Conviene recordar que la fijeza en el puesto de los y las funcionarias responde a la necesidad de gestionar cuestiones que afectan a lo público con garantías de independencia, y no sometidos al albur de los intereses políticos.
Todo esto responde a la ideología conservadora de los gobiernos de Hego Euskalherria que, utilizando la crisis como coartada, buscan desprestigiar lo público, poner a la sociedad en contra de los y las trabajadoras, y proceder a su privatización. Reducido lo público a la mínima expresión, esos servicios no se van a dejar de prestar. Serán privatizados y se subcontratarán deteriorando las condiciones de trabajo de quienes los presten y el servicio mismo.
Este es el futuro que los intereses privados y los políticos, que actúan como representantes de esos intereses, prevén para los servicios públicos. Pero no lo van a tener fácil. Miles de trabajadores y trabajadoras de lo público hicimos una huelga el 25 de mayo y nos sumamos a la huelga general del 29 de junio convocada en Hego Euskalherria. Miramos a Europa y vemos que sólo vamos a poder frenar el ataque a través de la movilización. Algunos trabajadores de lo público están en el “todavía no vienen a por mí”. A ellos nos dirigimos. Hay que movilizarse, cada uno aportando a la movilización lo que pueda desde su ámbito, “no sea que cuando vengan a por mí, me encuentre solo”.
Izaskun Garikano
Secretaria General de Gizalan