De recortes no se habla; se combaten
El Gobierno de Navarra acelera el desmantelamiento de los servicios públicos y se felicita por destruir empleos directos: ese es su verdadero objetivo y no la recuperación económica o la eficiencia del sistema. Así lo demuestran los últimos datos del paro, con 479 desempleados/as más solo en Osasunbidea y 233 más en otros servicios del Gobierno, apenas en un mes. A ello hay que sumar los 800 de puestos interinos destruidos en Educación, por poner solo unos ejemplos.
La verdadera cara de este Gobierno se muestra con la privatización de las cocinas hospitalarias, la restricción dramática de la renta básica, el recorte en la atención a discapacitados/as, la expulsión de centenares de ciudadanos extranjeros del sistema público de salud... Por no olvidarnos del encarecimiento de las tasas en la UPNA, la tolerancia con los grandes defraudadores fiscales o la aplicación directa de todos los recortes dictados por el PP en Madrid...
Frente a ello no caben repliegues apelando al mal menor (en eso consiste negociar recortes), ni indicar al Gobierno por dónde preferimos que mutile la Administración (eso y no otra cosa es regular la recolocación de trabajadores/as en futuras privatizaciones o cierres de servicios). Solo cabe combatir esa política en la calle y en los centros de trabajo. ELA anima a salir a la calle el 23 de marzo para defender los servicios públicos, pero también quiere subrayar qué significa eso (o qué debería significar):
Frente a apelaciones genéricas que apenas incomodan al Gobierno y a las organizaciones políticas o sindicales que dan cobertura (aunque sea parcialmente) a estos recortes, ELA insiste en que las reivindicaciones deben ser concretas e interpelar directamente a sus responsables. ¿Una movilización en defensa de los servicios públicos puede permitirse no exigir la reversión inmediata de las cocinas hospitalarias? ¿o quizá es mucho pedir para algunos tras ver cómo Mediterránea de Catering patrocinaba la última visita de Rubalcaba a Pamplona?
Ese es solo un ejemplo de las carencias evidentes entre las reivindicaciones de este 23 de marzo. A estas alturas, no debería haber dudas para exigir la paralización del TAV (sangría millonaria que se financia con recortes educativos y sanitarios) o para reclamar la inmediata derogación de la denominada Ley de Inclusión Social, que ha dejado a 5.000 ciudadanos navarros/as sin ningún recurso. Ya es hora de que en Educación regresemos a los ratios por alumno y a las horas lectivas de 2010 (como mínimo) o que por fin todos los alumnos navarros/as puedan elegir sin trabas si quieren estudiar en el modelo D.
No es coherente reclamar otro modelo de servicios públicos sin exigir que se desmantele el Plan Moderna, un montaje privado paralelo a la Administración que se nutre de fondos públicos para ponerlos en manos del interés privado sin control parlamentario. Y no olvidemos que el regalo de Donapea al Opus se enmarca en dicho plan...
Si la defensa de los servicios públicos exige combatir frontalmente los recortes y cambiar de raíz la fiscalidad, ELA va a estar ahí, como ha estado siempre. Pero eso es incompatible con la concertación social, fórmula que da legitimidad al mismo Gobierno de Navarra que solo reúne a todos los sindicatos para entregarles el decreto que va a imponer al día siguiente en el BON. Si no hay negociación, solo queda la movilización, y participar en el diálogo social solo acarreará más recortes (quizá aminorando algún daño colateral), todo ello a cambio de la renovación para 2012 (45 millones de euros) y 2013 (33,5 millones) de aquel célebre Plan de Empleo que nos ha traído hasta aquí: la Navarra de los 56.000 parados/as.
Iván Giménez Gil, responsable en Navarra de ELA-Gizalan