Directiva Bokestein, mejor sin ella!
El Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva Bolkestein con 394 votos a favor, 215 en contra y 33 abstenciones, una directiva cuyo objetivo es la desregulación del comercio de los servicios públicos y privados en el seno de la Unión Europea. Concluye con ello el primer paso para la aprobación del proyecto propuesto por la Comisión Europea en enero de 2004 y que ha recibido el rechazo unánime de los sindicatos, movimientos sociales de la Unión Europea, y la desapobración de la ciudadanía europea cuya máxima expresión fue el rechazo al Tratado de la Constitución Europea en mayo de 2005 en el Estado francés.
Rechazo masivo que ha obligado a modificaciones sustanciales en el proyecto inicial y a que la parlamentaria responsable del proyecto actual, Evelyne Gebhart, hable de que el texto aprobada se parece poco al proyecto inicial.
Sin duda, estas modificaciones son fruto de la presión social que los sindicatos y movimientos sociales venimos impulsando a nivel europeo desde que se dio a conocer el proyecto y es una muestra palpable de que la lucha contra estos proyectos anti-sociales no sólo es necesaria, sino que es útil: las modificaciones introducidas al documento son un logro de la movilización social. Como lo es que los diputados socialistas franceses no pudieran votar a favor del texto modificado "porque no sabrían como explicarlo de vuelta a casa".
Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que la directiva ha sido aprobada y que, una vez más, en el Parlamento Europeo se ha impuesto el criterio de avanzar en la liberalización mercantil por encima de avanzar en la armonización social y fiscal que venimos demandando. El que los elementos más agresivos de la directiva, tales como el criterio de país de origen y otros, hayan sido modificados y el que la lista de excepciones haya sido ampliada (aunque sigue habiendo servicios públicos, como la enseñanza, dentro de su campo de aplicación) no puede hacernos perder de vista que la ambigüedad de las fórmulas aprobadas abre la puerta a la liberalización y privatización de servicios y que estos proyectos (que responden a los intereses de las multinacionales del sector y encuentran dificultades para salir adelante en UE), también se están negociando en el marco del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio.
Por ello, y en tanto que el texto no sea definitivo (queda pendiente de aprobación en el Consejo Europeo y después de ratificación de nuevo en el Parlamento), tenemos que seguir movilizándonos para exigir la retirada total de una directiva que antepone los intereses de las multinacionales sobre nuestros derechos sociales, laborales y medioambientales y nos impide la capacidad de decidir entre todas y todos nuestro futuro, tanto como personas como pueblo.
ELA, LAB, EHNE, ESK, STEE-EILAS, HIRU y ELB