El antiproyecto de la Ley de Vivienda
Comencemos con los tiempos. Más de un año y medio de negociación hasta esta semana. Se pretende enviar al Congreso como proyecto de ley dentro de este mismo año. A finales de 2022 la ley vería la luz. Y ésta, para no coger a nadie desprevenido, da un margen de 18 meses a los grandes tenedores de viviendas antes de empezar a aplicar las medidas. Quizá para el 2024 comencemos a ver las consecuencias de la ley, si es que las hay.
Sigamos por la aplicación de la ley. Serán las propias Comunidades Autónomas las que decidan si la ponen en marcha o no. Es paradójico, a la par que muy grave, que el Gobierno español recurriera la Ley de Vivienda catalana ante el Tribunal Constitucional porque es el Estado el que decide en materia de alquiler, y ahora deje en manos de las Comunidades la aplicación de esta ley. Por el momento se sabe que aquellas CCAA donde el PP está en el gobierno no van a aplicar ninguna medida. El Gobierno Vasco dice que tiene que valorar la ley y ver si respeta el marco competencial. ¿Se aplicará esta ley en la CAPV y Navarra?
Pensemos que sí, que la incorporan. La medida más controvertida es la de la limitación de los precios de los alquileres. Pero esta limitación solo se dará en las denominadas “zonas tensionadas” y variará dependiendo quien sea el propietario de la vivienda. Las “zonas tensionadas”, que serán declaradas por las CCAA y Ayuntamientos, son aquellas zonas donde los alquileres han subido cinco puntos por encima del IPC en los últimos 5 años y en donde el alquiler supone más del 30% de los ingresos medios del hogar. En cuanto a la propiedad, se distinguen por un lado las personas jurídicas (fondos, bancos, etc) con más de diez viviendas, denominados grandes tenedores, y, por otro lado, las personas jurídicas con menos de 10 viviendas y el conjunto de las personas físicas.
Solo habrá reducción del precio de los alquileres en zonas tensionadas y en las viviendas en manos de los grandes tenedores, minorando el precio en base a un índice que todavía está por determinar. Cabe recordar que según el propio Iñaki Arriola, las viviendas en manos de grandes tenedores suponen en la CAPV únicamente un 5% del total. Esto significa que la reducción de los precios va a ser prácticamente inexistente. Cuando los propietarios no sean grandes tenedores, como mucho, se pueden hacer prorrogas de los contratos vigentes año a año con una congelación de los precios. Según los datos del Eustat, el precio medio del alquiler en Euskadi se situó en 1.049,1€ durante el segundo trimestre de 2021. Una congelación de los precios supone perpetuar la agonía que sufren miles de familias en Hego Euskal Herria para poder hacer frente al pago de la renta. Por si esto fuera poco, el anteproyecto prevé que se puedan subir los precios hasta un 10% si los propietarios realizan mejoras en la vivienda. Ni reducción de los precios de alquiler, ni ninguna limitación.
Analicemos la fiscalidad. Otra de las ideas del Gobierno para que disminuya el precio de los alquileres es dar privilegios a los propietarios en la tributación. Si pensamos en un alquiler del mismo valor de la renta media de 1.049 euros, si un propietario decidiera reducir un 5% el precio de la renta y dejarla en 996 euros, tendría una bonificación en el IRPF del 90% de esa cuantía, 896 euros. Unicamente tributaría por los 100 euros restantes. En el caso de HEH, las bonificaciones a día de hoy oscilan entre el 20% en la CAPV y el 55% en Navarra, por lo que se bonificarían en mayor medida las rentas de la propiedad, disminuyendo a la vez la recaudación. Según la AiRef, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esta medida va en beneficio de las rentas altas y en perjuicio de la clase trabajadora.
Centrémonos en las personas jóvenes. Se va a crear el Bono Joven, una ayuda directa de 250€ al mes durante 2 años a jóvenes entre 18 y 35 años y con una renta inferior a 23.725€. En la CAPV ya contamos con medidas en esa línea. No obstante, sin medidas adicionales de limitación de los precios de alquiler, estas ayudas directas se traducen en un incremento de los precios del alquiler y en una transferencia de dinero público a las rentas más altas. Esto lo estamos viendo con la PCV del Gobierno Vasco. El derecho y el acceso a una vivienda tienen que primar por encima de las ayudas económicas.
Finalicemos el análisis con la vivienda pública. Se pretende que el 30% de las viviendas de nueva construcción se reserve a vivienda pública, siendo el 15% de alquiler social. También se pretende movilizar las viviendas vacías, con un recargo en el IBI de hasta el 150%. Medidas similares ya están incorporadas en la Ley de Vivienda y y en el reciente Decreto de Vivienda Vacía de Euskadi y es evidente que son insuficientes para hacer frente al problema de acceso a la vivienda. Esos recargos no son suficientes para poner en el mercado las viviendas vacías.
Resumiendo, se trata de un anteproyecto que apenas va a tener consecuencias en el mercado del alquiler. Que va a perpetuar la burbuja. Que no va a acabar con los desahucios. Que vuelve a poner los intereses de las rentas altas por encima de las rentas bajas. Que no facilita al acceso a un derecho fundamental como es la vivienda. En definitiva, más que de un anteproyecto, se trata de un antiproyecto.