El Fuero, la paga extra y balones fuera

Eso es el Fuero hoy en día. Si una parte tan importante del Fuero (Lorafna, ley de 1982) como la competencia exclusiva de Navarra para legislar sobre sus empleados públicos -impidiendo la injerencia estatal- no es defendida por el Parlamento, una de las dos cosas no nos sirve: o el Fuero o los parlamentarios que no defienden los derechos de sus ciudadanos.

Esa competencia exclusiva de Navarra ha terminado siendo un engorro tremendo para UPN y PP en su afán centralizador y en su apuesta por empobrecer a los empleados públicos, ahora con la supresión del 7% de su salario de 2012, o sea, la paga extra navideña. Uno puede entender, incluso, que ambos partidos defiendan a machamartillo que el Decreto-Ley de Rajoy es de obligado cumplimiento, porque les conviene: rebajan salarios y además pueden echar la culpa a Madrid, Bruselas o Berlín... además de ahorrarse 60 millones de euros para derrocharlos en trenes a ninguna parte, circuitos y pabellones vacíos...

Con esa premisa, el Gobierno foral retrasa varias semanas la entrega a los sindicatos del informe jurídico que pone seriamente en duda la obligatoriedad de suprimir la paga extra. Lo que sea con tal de ganar tiempo y, por el camino, lanzar el camelo de adelantar las pagas de 2013 para que no se note el hurto. ¿Qué pensarían los que la han calificado de buena idea si les suprimiéramos el salario de noviembre a cambio de adelantarles unos días la siguiente nómina? Ya no parece tan buena idea, ¿verdad?

Ahora bien, a la oposición parlamentaria debe exigírsele mucho más. Todos los grupos se han manifestado rotundamente contra la ley de Barcina que suprime la paga extra para unos 25.000 trabajadores navarros. Si para todos era un “engaño”, ¿por qué la abstención de PSN, NaBai e I-E permite que ese proyecto siga adelante y se vaya a estudiar en ponencia parlamentaria? ¿No era más sencillo votar en contra del proyecto, o enmendarlo a la totalidad -como hizo Bildu-, para devolver la ley a Barcina y colocar de nuevo la pelota en su tejado? En todo caso, queda un mes para que la ponencia ya en marcha corrija el rumbo y arbitre las medidas oportunas para el cobro de la paga extra.

No perdamos de vista que es el Gobierno quien tiene el problema: quiere sacar la paga extra de los Presupuestos vigentes, y para ello tiene que aprobar una ley específica que modifique también el Estatuto del Personal de las Administraciones Públicas de Navarra (1993), donde se establece claramente que hay dos pagas extraordinarias. A estas alturas, está claro que UPN necesita como mínimo otro socio parlamentario (además del PP) para aprobar una ley en este sentido, pero si no lo encuentra... No habrá ley para suprimir la paga extra. El Gobierno de Barcina no tendrá soporte legal para quedarse con el dinero de sus empleados, y además el Estado no podrá recurrir una ley que no existe. ¿Qué pasaría después?

Eso es terreno ya para la hipótesis. El argumento de que el Estado impedirá como sea el abono de la paga extra, aparte de ser derrotista, implica que siempre será mejor no actuar (ni política ni sindicalmente), por miedo a la reacción de Madrid. Y afrontar un hipotético recurso del abogado del Estado es un riesgo que siempre existe tras aprobar una ley en el Parlamento foral. Siguiendo este razonamiento hasta el final, acabaríamos en la parálisis legislativa: no hacemos nada por miedo a un recurso.

Quien no quiere pagar su salario a esos 25.000 trabajadores (Administración foral, ayuntamientos y mancomunidades, UPNA, empresas públicas...) busca enredarnos en una maraña jurídica que desanime al ciudadano y convierta la política (es decir, el arte de lo posible, de lo opcional: la toma de decisiones) en una mera gestión de lo que deciden otros, vendiendo cada medida como obligatoria y sin alternativas. Es decir, lo más parecido a una dictadura. En el fondo, no se trata de una cuestión jurídica, sino de voluntad política.

Hasta el informe jurídico del Gobierno de Barcina (donde se dice que el recorte “es aplicable”, nada más) reconoce la necesidad de aprobar una ley específica. Así, queda superado el ámbito del Derecho y nos internamos en el de la pura política: las leyes sólo se aprueban por mayoría, una mayoría que se forma por criterios políticos. Es decir, el cobro de la paga extra sólo depende de los 50 parlamentarios navarros, de nadie más. No se pueden echar balones fuera. Y algunos de ellos dicen: ¿y si aún así el Estado recurre? La respuesta la da uno de los letrados del Parlamento en su informe jurídico: el Gobierno central, sobre quien cae el peso de “la carga procesal”, deberá justificar la urgencia de sus medidas, con un resultado final que no puede darse por “definitivo”.

Y dicho letrado manda también un recado incómodo a los parlamentarios, todos ellos defensores sin tacha de los Fueros (o eso proclaman): “¿Puede ser admitida sin más por la Comunidad Foral una medida que afecta tan de lleno al núcleo de la tradicional competencia del régimen foral?” Y el propio letrado advierte a sus señorías: “Esto pertenece al ámbito de la oportunidad política”. ¿Sabrán ver esa oportunidad los parlamentarios de la oposición o se les extraviará en el papeleo de la ponencia?

Iván Giménez ELA-Gizalan