El Gobierno Vasco ha renunciado a igualar derechos lingüísticos en las administraciones

Otro derecho civil básico es el derecho a la propia identidad, que incluye el derecho a expresarse en el idioma propio, y que también suscita expresiones de rechazo cuando se pone en cuestión la hegemonía de un idioma. Algo así estamos sufriendo con el euskera, y eso que ni siquiera se exige la discriminación positiva, sino la equiparación de las exigencias en ambas lenguas. Porque siguen sin respetarse los derechos de los vascoparlantes, pese a que tanto el castellano como el euskera son oficiales. Discriminación que mantendrá el recién aprobado Decreto de Normalización del Uso del Euskera en las Administraciones.

Por ejemplo, en las administraciones se exige el castellano en todos los puestos de trabajo. No es necesaria una acreditación expresa, porque el conocimiento del castellano para las personas que han crecido en la Comunidad Autónoma Vasca está garantizado. Sin embargo, cuando una profesora que se va a dedicar a la enseñanza solo en euskera y que procede de Hendaia, zona vascoparlante, para trabajar en un colegio público de la vecina localidad de Irún, debe acreditar un conocimiento de C2 en castellano, el máximo posible; en euskera, en cambio, se le solicitará acreditar únicamente un C1, el equivalente al EGA y que es un nivel inferior al C2.

Otro ejemplo es la forma en que se valorarán los méritos. Por ejemplo, en un puesto en el que se exija el conocimiento básico del euskera, se prohibirá expresamente valorar como mérito un nivel de euskera superior al mismo. ¿Alguien se imagina que en una oposición o selección de un puesto se solicite el grado en los estudios, y cuando el candidato muestre que tiene el doctorado, estudios superiores al grado, no se pueda valorar como mérito? Pues esa es la medida adoptada en el decreto con el euskera.

Además, el Gobierno Vasco mantiene un índice que no garantiza el conocimiento del euskera en la administración. En consecuencia, quien quiera ser atendido en euskera deberá realizar una solicitud expresa, incluso en situaciones de vulnerabilidad (urgencias médicas, ante la policía,...). Por otro lado, en aquellas situaciones en las que la ciudadanía no solicite el servicio en castellano, las y los trabajadores euskaldunes no tendrán garantizado el derecho a trabajar en euskera.

Cualquier administración debería tener como objetivo superar esta situación de discriminación, pero el Gobierno de Lakua se ha negado a equiparar los derechos lingüísticos.

Esto sucede porque se ha naturalizado dicha discriminación, la hegemonía absoluta del castellano. Si el euskera dispusiera de los mismos mecanismos de reproducción que se ha ganado el castellano a la fuerza, tampoco yo querría que se acreditase el conocimiento del euskera en las administraciones. Pero desgraciadamente no estamos ante esa realidad.

Esa hegemonía del castellano es la que genera que cuando se toman medidas para igualar el status entre el euskera y el castellano una parte de la sociedad reaccione defendiendo el privilegio de quien ha elegido vivir en castellano y entiende que es normal que la sociedad funcione preeminentemente en castellano. No culpabilizo a quien no sabe euskera, porque son necesarias medidas estructurales que permitan a toda la sociedad conocer el euskera, y a día de hoy, esas medidas no existen. Pero tampoco se puede aceptar una situación discriminatoria para quien quiera vivir en euskera.

En los próximos 15 años, la mitad de las personas que trabajan en la administración se va a jubilar, precisamente quienes menor conocimiento del euskera tienen (también en este tramo de edad el conocimiento del castellano es del 100%). Ese periodo es importantísimo para transitar a una administración totalmente bilingüe, contando con todas las personas que trabajan a día de hoy en ellas.

Debemos ser pacientes, flexibles y exigir apoyos suficiente para que todas las personas que sigan trabajando a partir de ese plazo en las administraciones puedan llegar a conocer los dos idiomas oficiales, pero el objetivo debiera ser irrenunciable. Sin embargo, el Gobierno Vasco ha renunciado expresamente a igualar el status del euskera y del castellano y, lo que es más grave, ha dado por bueno que los derechos lingüísticos de las personas que quieran vivir en euskera se sigan vulnerando en el futuro. El Gobierno Vasco ha decretado que el actual índice de exigencia del euskera (el que no ha logrado ofrecer el servicio en euskera y no permite trabajar en euskera) es el que se mantendrá a futuro, sin cambiar un ápice los criterios. Por eso no nos vale el decreto aprobado. Y tampoco ha recogido qué ayudas se van a ofrecer para que quien no sabe euskera pueda aprenderlo.

Solo ha habido dos críticas directas al Decreto por haber ido, supuestamente, demasiado lejos en la euskaldunización. Por un lado, el candidato a Lehendakari del PP, Javier de Andrés, ha criticado que la excesiva exigencia del euskera impide atraer talento en las administraciones vascas. En realidad, el 90% de los premios Nobel del mundo no procede de un país en el que el castellano sea lengua oficial; en consecuencia, no pueden trabajar aquí por no saber castellano. Para ellos, el problema no es el euskera, es el castellano, pero se presenta el euskera como un problema porque se toma como natural que se deba trabajar en castellano.

Y, por otro lado, CCOO ha criticado que se ha roto el consenso lingüístico y se aumenta la exigencia del euskera. El primer argumento resulta peregrino emitido por una organización que no llega al 18% de representación frente a la suma de ELA y LAB, que sumamos más del 60% de la representación sindical o ¿acaso el consenso es la capacidad de veto de las organizaciones con menor representación?. Y el segundo argumento simplemente no es real. La defensa de la hegemonía del castellano genera extraños compañeros de viaje.

El euskera no es enemigo de los derechos laborales y tampoco lo es del servicio de calidad. Es más, el euskera es un ingrediente imprescindible de los derechos laborales, porque a nuestro entender el derecho a trabajar en el idioma propio también es un derecho laboral y se pueden organizar apoyos para que quien no sabe euskera lo aprenda. Y ofrecer el servicio en los dos idiomas oficiales es un ingrediente imprescindible para ofrecer un servicio de calidad.