El sector de los cuidados, ámbito de violencia

El año pasado, en el marco de la campaña contra la precariedad, ELA hizo masivamente encuestas en los centros de trabajo con el objetivo de identificar y analizar diferentes elementos de precariedad, entre ellos el acoso sexual. El resultado fue el siguiente: de las encuestas realizadas en 402 empresas, se detectaron 183 casos de acoso sexual, y entre ellas más del 80% provenían del ámbito sociosanitario, sobre todo de los sectores de las residencias y del servicio de ayuda a domicilio.

Los sectores dirigidos al cuidado de la dependencia presentan unas características comunes: son trabajos feminizados que, pese a tratarse de servicios esenciales, están minusvalorados y precarizados. Son trabajos que exigen un trato directo y personalizado con las personas usuarias, y se desarrollan en el ámbito de la vida íntima y personal. En numerosas ocasiones, el centro de trabajo suele ser el propio domicilio de las personas usuarias, ámbito considerado 'privado'.

Estos rasgos sitúan a las trabajadoras del sector en una posición de especial vulnerabilidad ante la violencia y el acoso sexista en el trabajo. Ni qué decir de las empleadas de hogar: en su caso, el peso de los factores se multiplica, y se añaden otros rasgos precarizantes, como la pertenencia a un régimen laboral especial, la existencia de la figura de interna, la ley de extranjería que condena a muchas de ellas a una situación administrativa irregular, etc.

ELA lleva años denunciando la ceguera de inspección ante el acoso sexual en los centros de trabajo. Pues la actitud de las instituciones públicas ante la violencia que se da en los sectores de los cuidados es de una negligencia absoluta. Es urgente garantizar que los centros de trabajo sean espacios seguros para las trabajadoras esenciales, y para ello es necesaria la dotación de recursos públicos, para una inspección más efectiva, con más personal y especializada. Y por supuesto, hay que reconocer que los hogares también son centros de trabajo y actuar en consecuencia.

Además de señalar a las administraciones públicas, no podemos olvidar la responsabilidad de las empresas y patronales que se llenan los bolsillos a cuenta del negocio de los cuidados. La práctica nos ha enseñado que hay un gran margen de mejora en esta materia, sobre todo en cuanto a mecanismos y protocolos contra el acoso sexual: todavía sigue siendo habitual encontrarse en los protocolos con el mito de las denuncias falsas, a pesar de que los datos oficiales indiquen que solo un 0,001% de las denuncias presentadas por violencia de género son fraudulentas.

También suele haber planteamientos de intermediación, donde se propone como solución colocar a la persona agresora y a la agredida frente a frente, como si se tratara de un 'conflicto' que se debe resolver entre las partes.

Asimismo, los protocolos no suelen prever ningún mecanismo para los casos en los que el agresor es un residente o usuario. Y cuando hemos propuesto medidas concretas, como por ejemplo que determinado servicio sea llevado a cabo por dos o más trabajadoras en lugar de solamente por una, no se han tenido en cuenta. Igual que ocurre con los cuidados, cuando las medidas para proteger a las trabajadoras implican un coste económico, el negocio se impone al bienestar.

Por si todo esto fuera poco, en este tipo de procesos se suele poner el foco en el comportamiento, reacciones y respuestas de la persona agredida, lo que agrava su sensación de culpa y desprotección. Tanto en centros de trabajo como en comisarías y en juzgados, se sigue poniendo en cuestión los relatos de las supervivientes, prejuzgando y revictimizando a las mismas. No es de extrañar, pues, que solo se denuncie un 8% de las agresiones machistas que ocurren en el ámbito laboral.

Ante esta situación, ELA reclama a las empresas y a los poderes públicos que asuman la responsabilidad que les corresponde. Es urgente plantear respuestas colectivas a la violencia machista, se de en entornos industriales, en oficinas o en hogares.

Al igual que ocurre con los cuidados, este tema interpela al conjunto de la sociedad. Nuestra meta es situar las vidas en el centro, y esto pasa por construir vidas libres de violencia.

Otra razón más para tomar las calles el próximo 30 de noviembre.