Fraudes alrededor de la pobreza
Como consecuencia de esto cada vez hay más personas, más familias, que se las ven y se las desean para poder llegar a fin de mes, para poder vivir con dignidad. Por eso cada vez hay más gente que tiene que acogerse a la Renta de Garantía de Ingresos (antes denominada Renta Básica). Por eso cada vez son más las necesidades de acudir a las Ayudas de Emergencia Social, que en muchos casos se dejan sin cubrir simplemente por falta de presupuesto.
No parece que a Gemma Zabaleta, Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, le preocupe que su gobierno haya decidido recortar el gasto público en 2010 y en 2011, lo que supone más desempleo y más desprotección social. No parece tampoco que le preocupe que la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos esté por debajo del umbral de la pobreza. Tampoco parece importarle la situación de la gente más desfavorecida, a la vista de que la dotación para Ayudas de Emergencia para 2011 (17,3 millones de euros) es igual a la aprobada al inicio para 2010, que tuvo que incrementarse a pesar de lo cual ha sido claramente insuficiente.
En fin, de las declaraciones públicas de la Consejera no se desprende ningún interés por cambiar las políticas presupuestarias para encaminarlas a la creación de empleo o para mejorar las insuficientes coberturas sociales que están en sus manos.
Sin embargo, a Gemma Zabaleta se la ve muy enfadada con la gente que cobra estas prestaciones. Una semana dice que va a utilizar Lanbide para quitarles la prestación en determinados casos (es decir, para obligar a la gente en paro a aceptar cualquier empleo, aunque sea temporal a tiempo parcial y con un salario de miseria). Otra semana dice que en 6 meses se va a inspeccionar a todo el mundo que cobra ayudas para que no haya fraude.
No se puede negar que haya algún nivel de fraude en la gente que cobra prestaciones sociales. Pero hasta ahora siempre se ha dicho que ese nivel es pequeño. ELA está en contra del fraude, faltaría más, pero está también en contra de esta campaña en la que se ha embarcado el Gobierno Vasco para tratar de asimilar percepción de ayudas sociales con el fraude. De esta forma el Gobierno trata de justificar los recortes que ha aplicado en estas ayudas (que han afectado a las cuantías y al colectivo beneficiario de las mismas). Esta campaña no nos parece menos inmoral que el fraude. Y hacerla desde los poderes públicos es algo inaceptable.
Mikel Noval, Responsable de Política Social de ELA