Inflación, empobrecimiento y el sin rumbo de las instituciones

Son cifras y estadísticas que reflejan lo que los ciudadanos viven en su día a día: el encarecimiento generalizado de la mayoría de bienes y servicios. A pesar de ello, nuestros ingresos (los sueldos, las prestaciones, las pensiones) ni de lejos están subiendo al mismo ritmo y en consecuencia, estamos perdiendo poder adquisitivo, lo que también se traduce en un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora. Además, en este contexto, hay una parte de la población que sale aún más perjudicada, se trata de la población con menos recursos, una cuestión a la que no se le está dando demasiada relevancia. Ya hemos mencionado, que se está hablando mucho sobre la inflación, pero apenas encontramos estudios del impacto de la inflación por renta. Los análisis económicos en torno a la cuestión se están realizando desde otros puntos de vista, como pueden ser el debate de las causas, las consecuencias que tiene o tendrá en la economía o si se está midiendo correctamente el IPC.

No obstante, a nuestro parecer el análisis por renta debería ser una cuestión central, ya que el alza de precios no produce los mismos efectos en toda la población. La razón es lógica. Los patrones de consumo de los hogares son distintos en función de la renta. Los hogares con menores ingresos consumen una proporción mayor en artículos de primera necesidad, como son los alimentos, alquileres, electricidad y gas. Justamente son esos grupos de bienes y servicios los que más están subiendo: los alimentos son un 11,2% más caros que hace un año, la electricidad un 30,2%, el gas 19,4%, los hidrocarburos 33,6% y el combustible 86,4%. Por tanto, aunque la inflación se esté notando en los bolsillos de toda la clase trabajadora, los hogares con menos recursos son los más golpeados por el contexto actual. En esta ecuación, sin embargo, no todos pierden. Están las empresas, que no solo trasladan el aumento de costes al precio final, sino que aprovechan la coyuntura para aumentar sus beneficios (ahora en niveles récord).

Ante este escenario, las instituciones (dentro de los límites del sistema actual) no parece que utilicen las herramientas adecuadas para hacer frente al problema. De hecho, las medidas puestas en marcha solo están empeorando la situación. El encargado de la política monetaria de la zona euro, el BCE, anunció a primeros de mes dos alzas de tipos (una en julio y otra en septiembre) para hacer frente al escenario actual. El resultado del anuncio no se ha hecho esperar y los mercados se han movido rápidamente. Por un lado, se ha producido una caída de los mayores índices bursatiles; por otro, ha habido un aumento importante de la prima de riesgo en los países del sur de Europa; aunque eso no ha sido lo peor, el bono a 10 años de Grecia, Italia, España y Portugal sigue una tendencia ascendente y se sitúa en cifras de 2014 superando el 4,5%, el 4% y el 3%, lo que significa que los países tendrán que pagar más por la devolución de su deuda. Ante estos acontecimientos, el BCE se ha tenido que reunir de urgencia para calmar los mercados y ha anunciando que dará facilidades a España e Italia para reducir su prima de riesgo, eso sí, condicionadas a determinadas reformas.

El gobierno español tampoco parece hacer nada para dar solución a las consecuencias de la inflación o, al menos, lo poco que hace no va en la buena dirección. En primer lugar, el Gobierno de Sanchez anunció que iba a reformar el mercado eléctrico, limitando el precio del gas. Inicialmente se decía que la rebaja iba a a ser del 50%, luego del 30% y al final terminaron diciendo que iba a ser del 20%. Pues bien, finalmente la rebaja está siendo de tan solo el 5% en el mejor de los casos. Además, en los 12 meses que dura el plan, se les va a dar a las eléctricas 6.300 millones de euros para compensar los menores ingresos. La segunda medida del gobierno más progresista de la historia de España fue la de bonificar con 20 céntimos el carburante, una medida que pretende alargar hasta septiembre. Esta medida ha resultado completamente ineficiente, ya que el alza de los precios se ha comido toda la rebaja del gobierno. Además, cabe añadir, que las ayudas son regresivas en tanto que bonifican a toda la población por igual, sin tener en cuenta la renta del consumidor.

De modo que es necesario actuar con contundencia con las empresas que aprovechan la situación para obtener beneficios y por ello es imprescindible topar los precios a unos valores socialmente aceptables. Más si cabe cuando las noticias anuncian que el precio del carburante podría llegar incluso a los 3 euros. Junto a ello, como ya señalamos en el informe de propuestas fiscales, es necesario un impuestos de beneficios excesivos que afectaría a las electricas y supondría un trasvase de lo robado por las empresas energéticas a las arcas del Estado, para entre otras cuestiones, paliar las consecuencias negativas de los colectivos más necesitados. Asimismo, las instituciones deberían impulsar el transporte público, como lo ha hecho Alemania, para reducir el consumo del automóvil.

Además de actuar en el mercado eléctrico y de combustibles, en esta situación de empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, es imprescindible que al menos la población no pierda poder adquisitivo. Por ello, ELA reclama y lucha en los centros de trabajo por subidas de salarios, al menos, con el IPC.