Justicia a la carta
Es tan burdo el viraje y se ha hecho con tanta frivolidad, que debemos otorgarle algún valor pedagógico: en España no hay independencia judicial. No es lo mismo tener una convicción reducida a los espacios sociales más politizados que ver que todo el mundo sabe que es así, que la independencia judicial es mentira. Dice Marlaska, flamante ministro y anterior juez de la Audiencia Nacional (al que tumbaron sentencias en Europa por haber vulnerado los derechos de personas detenidas) que “nada pone en duda el funcionamiento del sistema judicial español”. Él es parte en la administración selectiva de la justicia. Él es una persona quemada porque comparte el funcionamiento irregular e injusto de esos tribunales superiores.
ELA considera que este sistema está podrido, es fanático y carece de cualquier imparcialidad. Es un sistema que responde a una concepción rancia de España, que ve traidores y no ciudadanos con iguales derechos y que, siempre, pone en la balanza de la justicia la defensa de los intereses del poder económico (IBEX-35) y del pacto de estado que defendió, por ejemplo, descabezar una opción política vasca (Bateragune), o en la actualidad, hacer lo mismo con las opciones democráticas partidarias de la independencia en Cataluña. Se anuncia en sede política y se ejecuta en sede judicial. El bunker aznarista del Tribunal Supremo es un factor de sabotaje en el que PP, Cs y VOX tienen asegurado su control, hasta el punto de que a esos jueces fanáticos les importa un bledo que en Europa les tumben las sentencias. Y eso Pedro Sánchez lo sabe.
Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, pidió a Díez-Picazo, presidente de la Sala II del Contencioso-Administrativo: “A ver como arreglas esto”, tras conocer el fallo de la sección II del Contencioso. 15 a 13 ganan los hombres de Aznar en el Supremo. O, en el ámbito laboral, lo que un alto cargo de la CEOE le dijo a un abogado laboralista en Madrid, cuando todavía no se sabía cómo se iban a interpretar los elementos más conflictivos de la reforma laboral de Rajoy: “En el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo ganamos por uno”. Esto afecta a lo político, económico y social, a los derechos de las mujeres… a todo.
¿Y ahora qué?
Podemos denunciar, pero no es suficiente. Hay que depurar el sistema judicial. Hay que cambiar el sistema de promoción de jueces porque perpetúa la falta de imparcialidad. Es una tarea difícil pero inaplazable, porque la derecha ha aprovechado los tiempos en que ha gobernado para colocar a sus peones en los puestos más importantes.
Y además de hacer eso, el Gobierno español y los partidos que le apoyan deben plantear los cambios necesarios en la Ley Hipotecaria para revertir los derechos hurtados por esos tribunales amañados a quienes contrataron las hipotecas. Se debe restituir lo que una administración de justicia fraudulenta ha usurpado. Eso es hacer justicia.
Para denunciar estos hechos ELA convoca una concentración ante el TSJPV (Jardines de Albia, Bilbao) el próximo lunes, 12 de noviembre, a las 16.30 h.