La lista Falciani y las haciendas de Hego Euskal Herria

Trató de informar a las autoridades de Suiza sobre las evidencias de fraude fiscal cometido por miles de personas o empresas de la Unión Europea. Suiza hizo caso omiso, y Falciani huyó a Francia. En 2009 el gobierno de Francia se hizo con una lista en la que había 130.000 nombres de potenciales defraudadores (24.000 de la Unión Europea).

La lista Falciani fue entregada a las autoridades del estado español a principios de 2010. Y el gobierno español las trasladó a las haciendas forales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra; más de 150 contribuyentes de la CAPV, y se desconoce la cifra oficial de Navarra.

Las haciendas (tanto en el estado español como en Euskal Herria) dieron un tratamiento privilegiado a quienes habían evadido impuestos:

• Solo les obligaron a regularizar los impuestos (IRPF y, en su caso, Impuesto sobre Patrimonio) de los cuatro años anteriores.

• El efecto en el IRPF fue solo declarar los intereses obtenidos, más el recargo correspondiente (algo realmente barato).

• La regularización de impuestos se hizo ofreciéndoles hacerlo de forma “voluntaria”, sin abrir ninguna inspección fiscal, sin sanción y sin instar ningún tipo de delito fiscal. Además, se aceptó que el HSBC dijese en todos los casos que esos fondos llevaban más de cuatro años en el banco y, en consecuencia, la prescripción de cualquier posible fraude producido por no haber declarado el origen de dichos fondos.

Por tanto, las haciendas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra tuvieron un comportamiento claramente inmoral y muy comprensivo con quienes habían evadido sus impuestos a través de esas cuentas ocultas en Suiza. El sindicato de inspectores de Hacienda recurrió las instrucciones dadas por la hacienda estatal renunciando a abrir inspecciones fiscales. Actualmente, la Audiencia de Madrid está investigando los presuntos delitos cometidos por los responsables de esa hacienda estatal. No existe investigación alguna en Euskal Herria, pero la actuación de las haciendas vascas fue exactamente la misma que la del estado español.

Pero este trato favorable no acaba aquí. Cuando las haciendas recibieron la lista Falciani, la legalidad amparaba las declaraciones “voluntarias” para aflorar capitales ocultos. Se podía regularizar la situación a bajo precio. Es lo que pasó. En 2012 el Gobierno español procedió a aprobar la denominada “amnistía fiscal”. Según la misma, se permitía aflorar capital ese año regularizando la situación pagando un 10% del mismo (realmente, más que lo que se pagó en las regularizaciones de la lista del HSBC). Fue una medida justamente criticada, ya que suponía dar carta de naturaleza al fraude fiscal. De hecho, los Diputados Generales de Bizkaia y Gipuzkoa, y la presidenta de Navarra (Jose Luis Bilbao, Martín Garitano y Yolanda Barcina) se significaron públicamente para decir que en sus territorios no se iba a aplicar esa amnistía fiscal.

Pero la amnistía fiscal de Montoro, aplicada también en Araba, suponía que a partir de 2012 todo capital que aflorase se consideraría incremento patrimonial producido en los últimos años. Es decir que, de repetirse lo de la lista Falciani, habría que pagar impuestos por todo el capital, no solo por los intereses. Eso es lo que marca la normativa en el estado español y en Araba. Sin embargo, en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra se mantiene la posibilidad de regularizar voluntariamente a precio de saldo. Por tanto, la normativa aplicada en la mayor parte de Euskal Herria es más laxa y favorable a los defraudadores.

Lo ocurrido con la lista del HSBC es solo la punta del iceberg. Los gobiernos actúan con una gran hipocresía. Sin su colaboración estas cosas no pasarían. Existen alternativas, medidas concretas, como las que propone ELA en su último informe sobre la fiscalidad, para acabar con la opacidad y los paraísos fiscales.

El gobierno Zapatero fue el que renunció en el estado español a las inspecciones fiscales de la lista Falciani. En Navarra, UPN. En Araba gobernaba el PP. Y en Bizkaia y en Gipuzkoa, el PNV (en Gipuzkoa con Hamaikabat en ese momento). Las actuales haciendas de Navarra, Bizkaia y Gipuzkoa (gobernadas por UPN, PNV y Bildu, respectivamente) han renunciado a endurecer el tratamiento a los defraudadores. Constatamos que, a la hora de la verdad, existe una enorme complacencia institucional, que explica el escaso o nulo impulso que se da a la lucha contra el fraude fiscal. ELA lleva mucho tiempo demandando una voluntad política que brilla por su ausencia. El fraude fiscal resta miles de millones de euros al año a las haciendas vascas. Atajarlo debería ser una prioridad. El trato privilegiado que se da a quienes defraudan choca con la propaganda y los continuos mensajes que relacionan fraude con prestaciones sociales, con la única intención de justificar nuevos recortes.

No se conocen los nombres vascos de la lista Falciani. Es otro ejemplo de la opacidad con la que actúan habitualmente las haciendas vascas. Hay interés en ocultar la realidad de lo que pasa en la fiscalidad para eludir el debate de fondo sobre el modelo de sociedad. No son de extrañar las puertas giratorias que existen, también en Euskal Herria, entre las empresas, los gobiernos (incluidos los departamentos de Hacienda) y la patronal. Se protegen entre ellos.

Mikel Noval

Gabinete de Estudios de ELA