¿La motosierra de los oligarcas o cuidar el bosque?

Elon Musk, el responsable de la "eficiencia gubernamental" del Gobierno de Trump, planea recortes de miles de millones de dólares. En un mes ha despedido a 62.530 empleados y empleadas públicas y, en cuatro años, prevé reducir el empleo público en 400.000 personas.

La Unión Europea ha decidido destinar más de 800.000 millones de euros a la industria armamentística, lo que implicará recortar la inversión social y, por lo tanto, el empleo público. El gasto militar adicional que le corresponderá al Estado español ronda los 17.000 millones de euros, lo que supondrá que el Gobierno Vasco disponga de 1.100 millones menos y 300 millones menos el Gobierno de Navarra para invertir en políticas públicas y sociales.

En Hego Euskal Herria, como consecuencia de la prolongación de la dictadura fascista hasta casi los años 80 y las escasas políticas públicas, tenemos un Estado del bienestar subdesarrollado. En la Unión Europea, el 20% de las personas empleadas trabajan en el sector público, mientras que en nuestro país apenas alcanzan el 15%. Además, algunos servicios nunca han sido públicos, como la vivienda o los cuidados, y otros sectores que sí lo fueron –energía, finanzas, telecomunicaciones, transporte, agua…– han sido privatizados o están en proceso de privatización.

Como resultado de las políticas neoliberales y los recortes aplicados entre 2010 y 2016, se destruyeron más de 10.000 empleos públicos. En nuestro país, el 40% del personal que trabaja en los servicios públicos está subcontratado y casi la mitad de quienes tienen un empleo público tienen un contrato temporal y estamos en la cola de Europa en inversión en sanidad y educación.

Estos recortes no son simples cifras, sino el resultado de una política neoliberal planificada, diseñada durante décadas para descapitalizar los servicios públicos y dinamitar su prestigio.

Es inconcebible que, en este escenario, una persona significativa en el ámbito de la izquierda quiera situar el debate sobre los servicios públicos en torno a la eficiencia, los procedimientos burocráticos o la productividad del personal público. Es cierto que los servicios públicos requieren múltiples mejoras: simplificar los procedimientos administrativos, adecuar el acceso y desarrollo en la función pública, exigir responsabilidades a quienes no cumplen con su función… Pero, ¿acaso todas estas disfunciones y problemas no forman parte de la estrategia de desprestigio y desmantelamiento de los servicios públicos?

No cabe duda de que quienes defendemos los servicios públicos y, por tanto, las fuerzas de izquierda, debemos impulsar estas mejoras. Sin embargo, ¿cree realmente Larraitz Ugarte que, en este contexto, ese es nuestro principal problema?

Este discurso se asemeja más a los relatos construidos en torno a la ocupación o la migración, o a la estrategia de generación de opinión que hay detrás de las encuestas de gasto militar de La Sexta, que a una propuesta real de soluciones para los problemas de la clase trabajadora.

No sé cuál es la realidad que conoce Larraitz Ugarte ni lo qué escucha en las conversaciones de su entorno, pero no creo que la mayoría de la población de Euskal Herria esté principalmente preocupada por tener más vacaciones, reducir su jornada, solicitar excedencias, jubilarse anticipadamente o “vivir la vida”.

No estoy en contra de la cultura del trabajo y del esfuerzo ni de la asunción de responsabilidades que a cada cual le tocan en la vida, pero conviene recordar que la mayoría de las personas empleadas trabajan por cuenta ajena y que con su trabajo incrementan los beneficios de las empresas, y los frutos de su labor se distribuyen de manera cada vez más injusta. Por ello, dudo que hacer apología de este tipo de trabajo deba ser una de las prioridades de la izquierda.

En este contexto, y en vísperas de una nueva huelga de una semana en la educación pública de la CAPV, prefiero reforzar los servicios públicos para garantizar el acceso a necesidades básicas que las clases populares no podemos costear con nuestros salarios. Prefiero apoyar a los trabajadores y trabajadoras que nos atienden en los servicios de emergencia, en educación, en los servicios sociales o en la atención a la ciudadanía, que, por culpa de los recortes, tienen que desempeñar su labor más allá de sus funciones ordinarias.

Prefiero impulsar un reparto más equitativo de la riqueza generada por la clase trabajadora, aumentar los presupuestos de los servicios públicos, reducir ratios e incrementar el número de empleados y empleadas públicas, convertir en públicos los empleos subcontratados, consolidar el personal temporal y mejorar las condiciones laborales. Todo ello, junto con la mejora en el funcionamiento y la eficiencia, es fundamental para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, especialmente de aquellas personas excluidas por el sistema.

Evidentemente, necesitamos a los mejores profesionales para realizar este trabajo de la mejor manera posible y que lo puedan hacer con independencia de los gobiernos de turno, los partidos políticos o los lobbies económicos. Para ello, es imprescindible que el personal público esté sujeto al control de la ciudadanía y acceda en igualdad de oportunidades, en función de sus capacidades y méritos, con las mejores condiciones de trabajo y en puestos estables.

Yo prefiero el cuidado del bosque a la motosierra de los oligarcas.