Nos explotan hasta explotar
El 28 de abril, día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo, los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria seguimos sin tener nada que celebrar. Diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales constatamos que la seguridad y salud laboral sigue siendo una asignatura pendiente.
Las estadísticas sobre siniestralidad laboral son inaceptables: 126 personas muertas el año pasado. A lo largo del 2005 se han producido, en lo que se refiere a trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, 65990 accidentes leves, 657 graves y 112 mortales, que en relación al año 2004 supone un incremento de un 7,5% en los accidentes leves, un 2,82% en los graves y un 21,4% en los mortales). A esto debemos añadir las personas que trabajaban por cuenta propia fallecidas el año pasado.
La realidad es todavía más dura: Las enfermedades profesionales constituyen un problema grave e interesadamente oculto. El subregistro en las enfermedades profesionales hace que la mayoría de las mismas no se reconozcan como tales. La intensificación del trabajo en los últimos años, como consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal, hace que sean cada vez más quienes padecen enfermedades músculo esqueléticas, cardiovasculares y psíquicas. Es un problema que castiga de forma especial a la mujer. Las diferencias de género no se tienen en cuenta a la hora de evaluar los puestos de trabajo. Tampoco tienen el mismo tratamiento los puestos de trabajo que tradicionalmente ocupan las mujeres. Así no se ponen soluciones, no se evitan las enfermedades ni, por supuesto, se reconoce que éstas se hayan contraído como consecuencia del trabajo.
La precariedad es un grave peligro para la seguridad y salud laboral. La siniestralidad y las enfermedades profesionales tienen relación directa con el tipo de contrato. Las personas con empleo temporal sufren prácticamente tres veces más accidentes que la fijas.
A la patronal sólo le preocupa aumentar sus beneficios. Abusan de la contratación temporal, exigen que se intensifiquen ritmos de trabajo y amplíe la jornada, y se resisten a realizar las inversiones necesarias en materia de seguridad y salud. Se incumple de forma sistemática la legislación en esta materia, para ahorrar costes, poniendo en grave riesgo la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Como consecuencia miles de personas mueren, quedan incapacitadas o enferman.
La administración no quiere confrontar con la patronal. Mantiene una actitud pasiva y cómplice. Los empresarios, con razón, saben que no se les vigila, que la administración hace la vista gorda, que se tolera que incumplan la ley. La Inspección de Trabajo, Osalan e Instituto Navarro de la Salud Laboral no son eficaces en la lucha contra la siniestralidad y las enfermedades profesionales porque no se quiere que lo sean.
Mutuas patronales y Servicios de Prevención que hacen negocio con la Seguridad y Salud laboral. Las Mutuas siguen siendo enemigas de la salud de los trabajadores y trabajadoras, primando los criterios económicos sobre los médicos. La tendencia de dar altas indebidas y de no reconocer las contingencias profesionales sigue siendo un grave problema. En lo que se refiere a los Servicios de Prevención cabe hablar, en demasiadas ocasiones, de malas prácticas "profesionales" como consecuencia de la mercantilización de la seguridad laboral.