Por el derecho de participación política. Todos los derechos, en toda Euskal Herria, para todas las personas
Por el derecho de participación política
TODOS LOS DERECHOS, EN TODO EUSKAL HERRIA,
PARA TODAS LAS PERSONAS
El Tribunal Supremo ha ilegalizado a un partido político. La sentencia que lo ha decidido es a todas luces algo más que un fallo judicial. Es una decisión política, en la medida en que cumplimenta la estrategia marcada por el pacto antiterrorista para el conflicto vasco, cuyas directrices y consignas ejecutan concertadamente instituciones del estado y agentes afines.
La ilegalización de Batasuna ha venido prologada por la suspensión de actividades decretada por el juez Garzón y, lo que es aún si cabe más grave, hay motivos para creer que venga seguida de la ilegalización o proscripción de cualquier expresión política y/o electoral que entiendan sospechosa de ser referente para el sector de la sociedad vasca que Batasuna ha representado políticamente. Es, al menos, lo que de forma inequívoca han anunciado los portavoces del poder español, que ven favorecida su estrategia de dominación pura y dura por el actual clima global autoritario, militarista y restrictivo de derechos.
La estrategia de la ilegalización no se limita, por tanto, a dejar fuera de juego a Batasuna. La decisión de fondo es la de negar expresión electoral a un espacio arraigado en la sociedad vasca, un espacio que comprende reivindicaciones, opciones ideológicas, proyectos, solidaridades, identidades tejidas a lo largo de mucho tiempo, compartidas por muchos ciudadanos y ciudadanas.
Las organizaciones firmantes denuncian esta coacción inadmisible, este escandaloso ataque contra el derecho de participación política y las garantías jurídicas. Porque no todo el mundo tiene la obligación de ver el conflicto con las gafas del pacto antiterrorista y las libertades políticas amparan también el derecho de la ciudadanía y sus organizaciones a tener aspiraciones no contempladas en los ordenamientos vigentes. Hoy por hoy, sin embargo, sobre quienes apoyan o defienden determinados proyectos o ideas, reivindican los derechos de las personas presas, denuncian torturas y malos tratos o simplemente se comprometen en la promoción del euskara, se cierne la presunción de colaboración o pertenencia a banda armada. La presunción de culpabilidad está tomando el lugar de la presunción de inocencia.
Los sindicatos firmantes de esta declaración creen que Euskal Herria tiene derecho a políticas basadas en las experiencias de resolución democrática de conflictos de otros lugares y en el respeto de principios y derechos democráticos individuales y colectivos.
Las organizaciones firmantes no nos resignamos al actual bloqueo ni renunciamos a construir una solución. Pensamos que privar de expresión política a sectores de la sociedad o actuar contra personas y grupos para impedir o restringir su participación política no ayudan a resolver los problemas. Afirmamos, por el contrario, que todas las personas y organizaciones, sin exclusión, deben tener garantizados sus derechos de representación y participación política; por respeto a los derechos de todas las personas, y por imperativo democrático, como requisito necesario de climas políticos y escenarios electorales normalizados.
Los sindicatos firmantes, en esta encrucijada, hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a hacerse cargo de esta situación. A hacer frente a este retroceso de libertades y derechos democráticos, y a tomar posición en la defensa del pluralismo político y el derecho a la participación política. Los derechos fundamentales no pueden depender de coyunturas políticas.
Es hora ya de que todos los ciudadanos y ciudadanas vascas, en todo Euskal Herria, tengan garantizados todos los derechos. Para los sindicatos firmantes esto es algo más que una reivindicación, más que un deseo: es un eje referencial, normativo y estratégico.
Euskal Herria, 5 de abril de 2003
ELA LAB ESK STEE-EILAS EHNE HIRU